Aprueban hasta 9 años de prisión por 'coyotaje' en perjuicio de productores de Durango

 Las personas que se aprovechen de las necesidades económicas de los productores del campo para comprarles su cosecha a bajo precio, enfrentarían hasta 9 años de prisión.

Esto luego de que el Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, por el que se adiciona el artículo 218 Bis al Código Penal del Estado, en materia de “coyotaje”.

“El dictamen presentado por la Comisión de Justicia no solo busca combatir las desigualdades de la comercialización y producción, sino busca que se castigue a quien se aproveche sobre la necesidad que tienen los productores por mantener a sus familias”, refirió la diputada local Nadia Milán durante la discusión de la reforma.

Con esta modificación, equipara al delito de usura para sancionar con la pena establecida en el artículo 217 Bis a la persona intermediaria que, con el ánimo de obtener un lucro indebido, y aprovechándose del estado de necesidad económica de la persona, compre productos frutícolas, agrícolas y/o florícolas a un menor precio del establecido por los productores, con la finalidad de revenderlos a un precio mayor.

Además, se equipara el supuesto al delito de usura, mediante la adición de un artículo 218 Bis, estableciendo la misma pena que corresponde a de uno a nueve años de prisión y multa de 72 y hasta 648 veces la Unidad de Medida y Actualización.

“El coyotaje sucede cuando los productores tienen que recurrir a los intermediarios, quienes en un actuar ventajosamente se aprovechan del desconocimiento y de la necesidad económica de los agricultores o fruticultores, ofreciendo precios muy por debajo del valor real de los productos, para después estos venderlos a precios altos a mayoristas o distintos mercados”, comentó.

Añadió que esta práctica no se puede considerar un tema menor, toda vez tiene un impacto fuerte en la economía de los productores pues, al recibir un bajo precio por sus productos, limitan si posibilidad de reinvertir, y de crecimiento en producción, dejando expuestos a los productores a prácticas comerciales en las que pueden inclusive llegar a ser víctimas de otros delitos.

“Era necesario establecer en nuestro marco normativo un delito penal que permitiera sancionar esta conducta delictiva”, finalizó.