Investigación. Se llevó a cabo la integración de la carpeta de investigación y se comprobó el faltante de placas y tarjetas.
Una empleada de un módulo de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado fue detenida por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.
Esto luego de una revisión interna en la Oficina de Recaudación de Rentas del municipio de Simón Bolívar, Durango, donde se detectó la ausencia física de insumos oficiales.
En tal sentido, se comprobó que faltaban 128 juegos de placas de circulación (incluyendo para personas con discapacidad, camión particular, automóvil particular y motocicleta), así como 150 tarjetas de circulación, elementos que estaban bajo la responsabilidad de Guadalupe Minerva N., auxiliar administrativa en dicha oficina.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que las placas y tarjetas no fueron registradas en el sistema oficial y los recursos económicos derivados de su entrega no ingresaron a las cuentas públicas.
Ante ello, el Ministerio Público, tras integrar la carpeta de investigación correspondiente, solicitó y obtuvo del juez de control la orden de aprehensión, misma que fue ejecutada. Lo anterior con base en el Artículo 339, Fracción I del Código Penal.
OTRO CASO RECIENTE
Apenas la semana pasada se informó que la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción efectuó la detención de Lizet Alejandra como presunta autora del delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto y sancionado en el artículo 326 del Código Penal del Estado de Durango, cometido en agravio de la Secretaría de Finanzas y de Administración.
La ahora detenida, quien ya fue vinculada a proceso, se desempeñaba como auxiliar administrativa de un Centro Multipago, y entre sus obligaciones estaba recibir y resguardar documentación oficial, como tarjetas de circulación de vehículos automotores.
Sin embargo, la servidora pública incumplió con su responsabilidad de custodia de las tarjetas de circulación recibidas, lo que provocó la sustracción de los documentos oficiales a su resguardo, así como la posterior asignación ilegal de esta papelería oficial a otros vehículos. Lo anterior, en perjuicio del erario y del contribuyente afectado.