Derechos de propiedad y desarrollo
En entregas previas he argumentado que el régimen político que gobierna busca el control del poder judicial mediante la elección popular las personas que encabezarán el aparato de impartición de justicia (Jueces, Magistrados y Ministros). Para ganar la elección quienes están participando requieren demostrar capacidad de movilización. Las estructuras capaces de llevar a cabo este tipo de movilización son los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones sociales con presencia territorial.
A estas estructuras se deberán las personas que resulten ganadoras de la elección del poder judicial. Claramente el régimen político, montado en los partidos políticos y organizaciones que lo apoyan son los únicos que tienen la capacidad de movilización y asegurar así los votos necesarios a quienes resulten ganadores.
La consecuencia lógica es que ningún juez o jueza se atreverá a dictar una sentencia en contra de los intereses del régimen. Puede usted imaginarse, lector o lectura, cualquier escenario: la imposición de un impuesto que algunos contribuyentes consideren inconstitucional, una expropiación, violaciones a derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad, etcétera.
Lamentablemente, las consecuencias del cambio radical que está en marcha en el poder judicial van más allá que un poder judicial sometido a los intereses del régimen político. Un poder judicial sin independencia tiene un impacto directo en la resolución de los conflictos sociales, lo que a su vez tiene consecuencias importantes para el desarrollo económico de cualquier país.
Esto lo argumentó hace algunas décadas Hernando de Soto en su libro "El misterio del capital", que argumenta a favor de la defensa de los derechos de propiedad y utiliza como ejemplos la expansión urbana basada en la invasión de tierras en países latinoamericanos.
El sistema judicial en México es tan ineficiente que, de tiempo en tiempo, suceden hechos que, al volverse virales, visibilizan los problemas que tenemos tanto en la procuración como en la impartición de justicia. El último es el de una adulta mayor en el Estado de México que asesinó a dos hombres que presuntamente estaban ocupando su propiedad de manera ilegal.
El suceso se viralizó en redes, la persona adulta mayor y sus cómplices fueron detenidos, pero el hecho visibilizó un problema social ante el cual la respuesta del aparato de justicia es nula, lo que provoca que las personas intenten hacerse justicia por su propia mano, cuando esto es posible, ya que es poco lo que un ciudadano puede hacer ante un despojo de propiedad por parte de grupos del crimen organizado, como en el caso del predio utilizado como presunto campo de entrenamiento y exterminio de Teuchitlán en Jalisco.
La elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial seguramente tendrá consecuencias negativas para la defensa de los derechos de propiedad en el ya de por si ineficiente sistema judicial que tenemos ahora.
La falta de derechos de propiedad hace que el desarrollo económico y social avance a una velocidad mucho menor. Un poder judicial sometido a intereses particulares que no sea independiente en sus decisiones será un lastre más para el desarrollo económico y social del país.
X: @jesusmenav