Once millones al año es lo que nos cuesta cada diputado local
Los diputados locales ofendieron la inteligencia de los duranguenses con la supuesta implementación de las medidas de austeridad que anunciaron. Cada uno de los 25 legisladores que conforman el Congreso del Estado nos representa un gasto global de once millones de pesos al año, de acuerdo al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2017, que ellos mismos aprobaron.
Por principio de cuentas, convencidos de que nadie se los podría impedir, los diputados se adjudicaron 50 millones de pesos más a lo presupuestado inicialmente, 225 millones 282 mil 385 pesos, por lo que la cifra global para el presente 2017 quedó en 275 millones 282 mil 385 pesos. Por supuesto que los señores diputados de Durango a nadie le dieron cuenta de las razones para apropiarse de esos 50 millones adicionales al presupuesto del Poder Legislativo y menos de cómo los van a gastar o a repartir entre ellos, si es que se diera el caso.
Ahora bien, el Poder Legislativo consta de varias áreas que comparten los recursos de la siguiente manera: La presidencia de la Gran Comisión; es decir, el diputado Ricardo Pacheco, dispone al año de la cantidad de 3 millones 801 mil pesos; a la Oficialía Mayor del Congreso se le asignaron 58 millones 873 mil 500 pesos; la Entidad de Auditoría Superior del Estado tiene a su disposición 42 millones 677 mil 885 pesos; y la Cámara de Diputados dispone de 169 millones 930 mil pesos, es decir casi 170 millones de pesos para el año en curso.
Si el presupuesto total superior a los 275 millones de pesos lo dividimos entre los 25 diputados locales, cada uno de ellos nos arroja un gasto anual de once millones de pesos y si solamente tomamos en cuenta el monto estimado para la Cámara de Diputados, o sea, los casi 170 millones de pesos, la cifra es superior a los siete millones por diputado, una cantidad todavía muy por encima del presupuesto asignado a varios municipios del estado, como San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, Simón Bolívar, Súchil, entre varios más.
Así las cosas, más que indignante resulta que en Durango un solo servidor público obtenga más ganancias en un año que el total de recursos destinados para el desarrollo de varios municipios, donde muchas familias viven en la pobreza absoluta.
Y es que los salarios de nuestros diputados no están basados en máximos y mínimos, como falsamente lo dijo el Oficial Mayor del Congreso, Sergio Quiñones Prado. Un legislador en Durango tiene un salario neto mensual de 85 mil 410 pesos, más una prestación de 12 mil 57 pesos, lo que representa un monto de casi 100 mil pesos al mes, una cantidad que no verán junta durante toda una vida miles de duranguenses.
Entonces, el Poder Legislativo ofende a la sociedad cuando anuncia que los diputados rechazaron el incremento salarial del 5 por ciento previsto para ellos y también que le dijeron adiós a sus vales de gasolina. En realidad, los diputados renunciaron, en caso de que sea verdad, a los cacahuates, las migajas, pero siguen en la total insensibilidad ante el crítico momento que vive Durango y el país entero.
Además, los integrantes del Congreso local muestran poca solidaridad con otras instituciones que ya están dando muestras un comportamiento austero, al menos en ciertas áreas. El municipio local, por ejemplo, ahorró 138 millones de pesos en el primer trimestre de ejercicio, mientras que el gobierno estatal dejó de pagar rentas de los inmuebles que ocupaban las direcciones de Comunicación Social y de Asuntos Internacionales, así como la sede principal de la Secretaría de Finanzas; en definitiva no se cobró el replaqueo y pronto se anunciarán salarios más bajos para altos funcionarios, según lo aseguró el gobernador José Aispuro Torres.
Por ello, el Congreso debe dar muestras contribuir al bienestar de Durango e implementar un plan de austeridad verdadera. Deben informar los diputados lo que harán con esos casi 170 millones asignados exclusivamente a la Cámara; no es posible que se otorgue un presupuesto mayor a 42 millones de pesos a la Entidad de Auditoría Superior del Estado, cuyo trabajo no es visible, pues ningún mal funcionario ha sido encarcelado en años y sus auditorías e investigaciones quedan en simples denuncias mediáticas. Sólo concluye políticamente cada caso, pero su misión legal es otra.
La Oficialía Mayor debe aclarar cómo gastará los casi 59 millones de pesos este año, pues se trata de una cantidad demasiado generosa. De hecho, en este tiempo de crisis le caería bien al estado limitar el gasto a lo indispensable. Si la Presidencia de la Gran Comisión ni se ve y menos se siente, tampoco se entiende por qué le fue asignada la cantidad de casi 4 millones de pesos.
Total, los diputados nos tratan de ver la cara con sus insignificantes medidas de austeridad y la ciudadanía no lo debe permitir. Si de plano los diputados priístas y sus aliados se mantienen como hasta hoy, de ellos es difícil esperar un cambio de conducta; sin embargo, quienes moralmente están obligados a renunciar a sus múltiples privilegios son los panistas y perredistas, porque ellos son parte del proyecto político que gobierna Durango ¿Lo harán o seguirán en la desvergüenza?
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