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Estados y municipios, a cintura...

Hace falta mayor vigilancia y una nueva reestructuración del presupuesto del país para lograr un gasto eficiente y austero, coinciden expertos.

Estados y municipios, a cintura...

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ELIA BALTAZAR

Estados y órganos autónomos también deben asumir medidas de austeridad, frente a la difícil situación económica que enfrenta el país y que obliga a pensar ya en una nueva y verdadera reforma hacendaria, que permita rediseñar el presupuesto para hacerlo más eficiente.

"La primera gran reforma del siguiente sexenio tiene que ser fiscal, no hay de otra", dice Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

Sobre esta necesidad coinciden Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Todos advierten que hace falta una nueva reestructuración del presupuesto del país para lograr un gasto eficiente y austero. Particularmente en áreas muy opacas como los subsidios, las transferencias y participaciones a los estados -ramos 28 y 33-, los programas sociales, el gasto corriente y operativo de dependencias federales, y los recursos de que disponen los órganos autónomos.

Foncerrada asegura que en el contexto del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar ya hay instalada una mesa de trabajo que revisa el gasto, recomienda recortes y la desaparición de programas presupuestarios duplicados y clientelares.

"Ese dinero será recanalizado a obra pública que genere empleo y reduzca la pobreza y la desigualdad", dice.

Foncerrada advierte que el sector privado que firmó el acuerdo insistirá en la necesaria disciplina en el gasto y en recortes en nómina de gobierno para evitar el desvío de recursos y el despilfarro, porque "todo el mundo sabe de alguien que recibe dinero con los brazos cruzados".

Mayor vigilancia para entidades

Los escándalos de corrupción en los estados tienen como telón de fondo una débil vigilancia de su gasto, que depende principalmente de los recursos que la Federación transfiere mediante los ramos 28 y 33.

La inconformidad social frente al incremento de las gasolinas despertó de nuevo el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles de gasto, transparencia y rendición de cuentas de estados y municipios, que cada año reciben más recursos por participaciones y transferencias, aportando ellos casi nada a la recaudación.

En el Índice de Información Presupuestal Estatal 2016 el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) apunta que 81.8% del presupuesto de los estados depende de la federación. Sin embargo, las entidades recaudan solo 3.1% del total de los impuestos en el país, mientras 96.4% proviene del cobro de los impuestos federales.

En contraste, entre 2012 y 2016 el presupuesto federal para los estados creció a una tasa promedio de 38.6% al pasar de 1.34 billones de pesos a 1.74 billones. Es decir: el año pasado dispusieron de 1 billón 740 mil 969.7 millones de pesos.

Eso significa un gasto promedio por habitante de 14,807 pesos, mientras en 2008 fue de 5,763 pesos.

"Es impresionante cómo han incrementado las participaciones a los estados", dice Foncerrada. "Hay que participarles la recaudación, como ordena la Ley de Coordinación Fiscal, pero me parece que han sido excesivos el despilfarro y la corrupción en los estados", advierte.

Por eso el director del CEESP y Mariana Campos, de México Evalua, consideran urgente cambiar la Ley de Coordinación Fiscal.

Pero como no podemos esperar a que cambie el marco normativo, dice Foncerrada, hay que llegar a algún convenio, un acuerdo rápido para reducir las participaciones (de los estados)". Además, dice, "si todo el mundo se ajusta por qué los estados no. También deben poner de su parte".

Campos, por su parte, recomienda también pasar la tijera a otro rubro del presupuesto que también involucra a los estados: las transferencias y los subsidios, "que entre 2012 y 2015 tuvieron un incremento de aproximadamente 200,000 millones pesos, sin considerar las pensiones", explica.

"La ASF ha reportado que la mayor parte del daño al erario se concentra en el presupuesto federal que reciben los estados, porque muchos de los programas no tienen reglas de operación y su diseño todavía permite su uso para fines políticos", dice. Por eso, "si seguimos aumentando ese rubro hay altas posibilidades de desvío y corrupción".

Con Foncerrada y Campos coincide Villarreal, quien considera que los estados deben fortalecer sus haciendas y sus capacidades de recaudación.

Eso sí, dice, siempre y cuando mejoren la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de los servicios. "Si los gobiernos te están sacando más recursos y tú piensas que te lo están robando, tarde o temprano eso será un polvorín, porque con razón pensarán: me estás pidiendo esto (más impuestos) y todavía estos gobernadores pillos andan sueltos".

Por eso también considera necesario un acuerdo para saber qué pone cada parte: estados y Federación.

Pero los estados no son los únicos obligados a ajustarse a las condiciones económicas actuales. Los especialistas también exigen austeridad de los órganos autónomos y del Congreso (las cámaras de Diputados y Senadores).

"El gobierno federal debería hacer un llamado para que los organismos autónomos, que se autoasignan presupuesto, revisen sus manuales, sus estructuras y hagan propuestas de contracción de gasto a la Secretaría de Hacienda", dice Villarreal.

Campos coincide: "Es importante también meter en cintura a los órganos autónomos, porque todos son parte del presupuesto. La autonomía constitucional no significa que podemos ir por el mundo haciendo lo que nos plazca en el presupuesto público.

Explica que los organismos autónomos están sujetos a la ley federal de responsabilidad hacendaria, aunque no están sujetos al control de la Secretaría de Hacienda. "Pero eso no significa que puedan tener presupuestos que no vayan de acuerdo a la situación económica del país".

Para su control, dice, es necesario que el Congreso asuma también sus principal función: controlar el uso de los recursos públicos. "Se tendrían que exigir cuentas a estos organismos autónomos el Congreso no lo hace", dice.

Urge una verdadera reforma hacendaria

Villarreal advierte que para mejorar la salud presupuestaria del país es urgente una discusión muy profunda de la política fiscal. Es decir, "para qué pagamos impuestos y qué nos dan a cambio", dice.

Propone "una primavera fiscal", en la que todos los sectores -y no sólo gobierno y empresarios- aborden los temas urgentes de ingreso y gasto para crear una agenda a partir de la cual los candidatos a la Presidencia en 2018 hagan propuestas concretas.

Pero antes que buscar ingresos hay reestructurar el gasto público, "porque la estructura actual viene de hace 30 o 40 años, y ya está completamente alejada de la realidad país", dice.

Aunque la reforma tributaria de 2014 aumentó los ingresos para el gobierno, Villarreal advierte que la recaudación sigue en niveles muy bajos (aproximadamente 13.5% del PIB sin la tributación petrolera) y es es necesario discutir cómo recaudar 3 o 4 puntos más.

"Esto lo vamos a tener que hacer con una combinación de varios tipos de impuestos. A la izquierda no le gusta, pero no nos vamos a salvar de más impuestos al consumo. A la derecha no le gusta, pero no nos vamos a salvar de más impuestos al capital", advierte.

Campos advierte que la reforma de 2014 se enfocó sólo en los ingresos y no tocó el gasto. "Lo que se ha hecho en gasto ha sido bastante limitado y no ha tenido los efectos de fondo que se requieren".

Para ello, dice, son necesarias reformas legales al marco de coordinación fiscal y de responsabilidad hacendaria, que desde hace casi 11 años no se ha tocado.

"Urge una reforma porque hay medidas de control presupuestario que no están en esa ley y que son necesarias".

Advierte que mientras no existan esos controles, no hay garantía de un efectivo control del déficit ni más responsabilidad sobre el presupuesto.

"Necesitamos medidas de austeridad de corto plazo y de mediano y largo plazos, que son las que tienen la posibilidad de hacer un cambio real en la calidad del gasto y en la corrupción. Pero si no nos sentamos a conversarlas de manera incluyente y participativa, será muy difícil llegar a ese punto", dice.

Por eso considera que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar debe abrir los espacios de participación ciudadana para su vigilancia. "Tiene que haber un proceso incluyente que integre a la sociedad civil organizada", dice.

Escrito en: Reforma Hacendaria gasto, estados, presupuesto, recursos

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