Regularización de vehículos: ahora sí, antes no
Uno de los grandes retos que enfrentamos como país es la aplicación del estado de derecho, que las leyes se apliquen sin importar la posición o influencia de quien no obedece las reglas. Sabemos que en nuestro país puede estar libre un político acusado de corrupción y en la cárcel una persona acusada falsamente.
La ley se aplica solamente si quienes tienen el poder estiman que es necesario aplicarla. Durante décadas, bloqueos carreteros, tomas de plazas y marchas que atentan contra el derecho de tránsito han sido permitidas con tal de que los gobiernos no sean calificados como represores.
Traigo este tema a la mesa de discusión porque hace unos días el Gobierno del Estado anunció un programa de regularización para vehículos que circulan en el estado sin la documentación correspondiente, algo que se permitió durante todo el sexenio anterior sin que significara un tema relevante en la agenda pública.
La facultad que tienen los gobiernos para usar la fuerza pública en caso de que los ciudadanos no cumplan con la ley es lo que permite a la cada persona física o moral un marco sobre el cual puede interactuar con otros actores, sabiendo que si existe alguna falta será sancionada.
Sin embargo, en el México del siglo XXI este tipo de ideas no tienen cabida ya que de acuerdo a los intereses particulares de quienes detentan el poder es el tipo de acciones que toman o dejan de tomar.
En nuestro país, las organizaciones que se dedican a organizar a los propietarios de automóviles que circulan en el país sin tener haber pagado derechos de importación y que no están registrados en ninguna entidad federativa fueron tolerados por años debido a alianzas que tenían que ver más con acuerdos políticos que con el cumplimiento estricto de la ley.
Ahora se ha llegado a un acuerdo para regularizar todos esos vehículos, cuando en su momento se permitió que circularan libremente por el estado. Aunque desde hace poco tiempo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha hecho en la práctica mucho más difícil la importación de vehículos particulares, existen muchos miles que ingresaron cuando esta práctica era común.
El nuevo gobierno argumenta en su discurso que este es un tema de legalidad; además de este argumento, eventualmente también significara a la hacienda pública la captación de varios millones de pesos por concepto de los derechos relativos a placas, tarjeta de circulación y refrendo, entre otros.
Aunque el tema de legalidad y de los potenciales ingresos al erario público siempre ha estado ahí, en años anteriores no fue tan importante como para presionar por la regularización a los miles de propietarios de este tipo de vehículos.
Twitter: @jesusmenav