La ficticia modernización administrativa
Durante la administración 2004-2010, se le puso a la Contraloría del Estado un apellido que suponía un nuevo comienzo en materia de procedimientos gubernamentales. Dejó de ser eso, tan simple y llano como lo dice su nombre, para convertirse en la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa.
Entre otras cosas, a esa dependencia se le encargaron nuevos sistemas computacionales para la recepción presencial de trámites y prestación de servicios, además de ser la responsable de la comunicación interinstitucional digital y la prestación del internet público.
Igual se hizo cargo de los portales web para el pago de derechos e impuestos por parte del contribuyente, y de todo lo que tiene que ver con la transparencia de las instancias gubernamentales dependientes del estado.
El avance, en el criterio de la administración que siguió, fue el adecuado y suficiente. Tanto, que en el último tramo del Gobierno 2010-2016 le retiraron el apellido y la dejaron en lo que es hoy: la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango (Secoed).
Sin embargo fue una decisión aparentemente apresurada, pues el objetivo de dotar de internet gratuito a la mayor parte de la superficie estatal no se cumplió, la recepción de contribuciones a través de los portales web mostró siempre severas deficiencias y las oficinas de atención y recaudación, siempre se caracterizaron por la ineficacia.
Es parte de la herencia que recibió el actual Gobierno. Y vaya que es algo que se está sufriendo.
El anuncio de la exención en el cobro del plaqueo y replaqueo a quienes realicen dicho trámite en los primeros tres meses del año, saturó de forma desmedida la asistencia de contribuyentes a los centros receptores de dicho trámite.
En ellos, es posible ver de madrugada a personas haciendo fila (en algunos casos con temperaturas congelantes) ante la falta de un mecanismo no presencial para el trámite de dichos documentos. El proceso es, a todas luces, ineficiente.
Sin ser un experto en el tema, al que esto escribe se le ocurren varias ideas que pudieron (o podrían) implementarse para hacer más llevadero el proceso, y que ya se aplican en otro tipo de procedimientos no gubernamentales. Ahí les va uno de ellos:
1. Limitar la tarea del servidor público a la validación de documentos del vehículo en cuestión. Es decir, que los kioscos y quizá otras oficinas gubernamentales solo revisen los papeles que se requieren en el plaqueo y refrendo.
2. Entregar, tras la revisión, una ficha de pago a realizarse en instituciones bancarias y cajas exclusivas para ese fin dentro de las oficinas de recaudación.
3. Establecer un mecanismo de envío a domicilio de las nuevas láminas, engomados y tarjetones de circulación.
Esos tres pasos (ya usados en otras entidades del país) reciben en ciertos sitios ligeras variantes. Por ejemplo, hay algunos estados en los que la oficina desarrolla el trámite y se emplaza la entrega de placas para una fecha posterior.
Cualquiera de esos esquemas pudo mezclarse con el que finalmente estableció la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (aparentemente en solitario) y que ha despertado decenas de quejas por los cuellos de botella habituales, así como el agotamiento de láminas en algunos municipios.
Es probable que el trámite se mantenga tal y como está durante los meses venideros; sin embargo, la realización de trámites y prestación de servicios en oficinas públicas, es un punto a observar a detalle por parte del nuevo gobierno.
Quizá se necesario regresarle los apellidos a la Contraloría o establecer un órgano adjunto a la secretaría de finanzas para que haga lo correspondiente. Algo, lo que sea, pero no que se queden de brazos cruzados.
Twitter: @luizork