La rebelión de los medios
Al analizar los medios masivos de comunicación, en específico la televisión abierta y radio, nos damos cuenta que los contenidos que ofrece no son de la calidad programática que merece nuestro país. Aunque definitivamente cada quien sabe que canal o estación sintonizar, es muy evidente que existe apología del delito, publicidad engañosa, disfrazada o discriminatoria o incluso contenido inapropiado en horarios familiares.
Es también indiscutible, que a pesar del gran poder que tienen los medios de comunicación masiva, en los años recientes han perdido mucha influencia e ingresos, esto debido a la masificación de los sistemas de pago e incluso a los nuevos servicios de entretenimiento por internet; por lo que a pesar de la reestructuración y cambio de su modelo de negocio, siguen teniendo un gran reto de supervivencia.
En 2103, el Presidente Peña Nieto impulsó, en el seno del Pacto por México, la reforma en telecomunicaciones, que además de crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones, formó un nuevo paradigma que incluía mejores prácticas internacionales, no tan solo en cuestiones técnicas, si no en materia programática: por primera vez en la ley se contemplaban figuras tan innovadoras como códigos de ética, defensores de la audiencia o lineamientos de contenidos.
De esta forma, y para darle operatividad a lo mandatado por la ley, en diciembre del año pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, un documento de gran relevancia, que rápidamente fue criticado por todas las televisoras y radiodifusoras, ya que alegaban que incluía elementos contrarios al ejercicio de la libertad de expresión.
Después de esto, tanto el Senado como la Presidencia de la Republica, escucharon las quejas y presentaron una acción de inconstitucionalidad, que fue aceptada por la Suprema Corte y que provocó que el Instituto difiriera la aplicación de los lineamientos, de febrero a agosto.
Considero que aunque los lineamientos definitivamente se pueden mejorar y tiene puntos que se pueden corregir sobre la marcha, no se quiso abrir un nuevo frente y se prefirió retractarse. Perdimos la oportunidad de tener mecanismos para hacer valer nuestros derechos, y seguimos siendo analfabetos mediáticos en la práctica.
En lo inmediato, se retrasa la obligación de que las empresas tuvieran códigos de ética, que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa y que no se transmita publicidad como información periodística o noticiosa.
A pesar de que ya se hace en otros países, aquí en México las grandes empresas argumentaron que sería muy difícil de implementar, que se atentaría con la libertad de expresión, que se subestimaba la inteligencia de las audiencias y que rompería con el ritmo de los programas.
En la práctica, se castigaría aún más su modelo de negocios, los obligaría a tener más tiempo aire ocioso, a contratar más personas y a realizar más inversión en equipo.
Será muy interesante ver cuál es la resolución de la Suprema Corte, un órgano que debe de ser el fiel de la balanza en el sistema político, y de esta forma, deberá de decir si el IFT sobrepasó sus facultades o si la audiencia podrá por fin un mecanismo para hacer valer sus derechos.
Twitter: @omarortegasoria