Vinculan espionaje con campaña de salud
El verano pasado, el teléfono del doctor Simón Barquera, director de Investigación en Políticas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, comenzó a sonar con una serie de mensajes de texto inquietantes de números desconocidos.
En uno leyó que su hija había estado involucrada en un grave accidente. Otro mensaje afirmaba ser de un amigo cuyo padre había muerto y hasta le enviaban un enlace a detalles funerarios. Otro mensaje le informaba que una agencia de noticias mexicana lo había acusado de negligencia, de nuevo con un vínculo.
Y en otros de corte más amenazante, le afirmaban que alguien estaba durmiendo con su esposa, eso incluía un enlace a lo que el remitente afirmaba que era una foto del supuesto engaño.
Esa misma semana, Luis Manuel Encarnación, entonces director de la Fundación Mídete, que lucha contra la obesidad, también comenzó a recibir mensajes extraños con enlaces.
Incluso, cuando accesó a uno de ellos, Encarnación fue reorientado al servicio funerario Gayosso. Los mensajes que recibió Encarnación fueron similares a los que le llegaron a Alejandro Calvillo, activista y fundador de El Poder del Consumidor, organización que ha estado a la vanguardia de la lucha contra la obesidad infantil en el país.
Lo que ellos tenían en común era que todos eran partidarios del impuesto que se aplicó a los refrescos en México en 2014: el primer impuesto de soda nacional de su tipo. La idea estaba dirigida a reducir el consumo de bebidas azucaradas en México, donde las enfermedades relacionadas con el peso matan a más personas cada año que los delitos violentos.
Los enlaces enviados fueron relacionados con una forma invasiva de spyware desarrollada por NSO Group, un distribuidor israelí de ciberarmas que vende herramientas de espionaje digital exclusivamente a Gobiernos y que tiene contratos con múltiples agencias dentro de México, según correos electrónicos de la compañía filtrados a The New York Times el año pasado.
El descubrimiento del ciberespionaje en los teléfonos de políticos mexicanos, activistas e incluso empleados del Gobierno, como Barquera, planteó nuevas preguntas acerca de si esa herramienta se estaría utilizando para promover los intereses comerciales de la industria refresquera en México. La industria refresquera ha invertido más de 67 millones de dólares en derrotar esfuerzos estatales y locales para regular las ventas de refrescos en EU desde 2009.