El ritual
Hace pocos días la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados de la fiscalización que hizo de la Cuenta Pública del 2015 y, al igual que cada año, dio a conocer los resultados de las auditorias que llevó a cabo, que resultaron en inconsistencias en el gasto público por más de $165 mil millones de pesos.
En una democracia funcional, el informe que rinde cada año el encargado de auditar las cuentas públicas tendría como efecto inmediato responsabilidades administrativas y penales para castigar a los responsables del desvío de recursos públicos.
En nuestro país, se pueden detectar desvíos millonarios, se puede identificar a probables responsables pero no hay un seguimiento puntual acerca de las responsabilidades que se les pueden fincar.
Dos de los principales ejemplos que nos ofrece cada año la ASF para documentar la corrupción y la impunidad son el gasto que realizan las entidades y el presupuesto que se otorga a las bancadas de los partidos en el Congreso de la Unión.
Con respecto al gasto federalizado, durante la auditoria a la cuenta pública del ejercicio 2015 la ASF hizo observaciones por un total de $65,193.8 millones de pesos, de los cuáles $31,745 millones de pesos se consideran con impacto económico y el resto corresponde a sub ejercicio de los recursos.
En el caso de Durango, las auditorias reflejaron observaciones por un total de $1,324.2 millones de pesos, de los cuáles $141.4 pueden representar un impacto económico, es decir, se presume que causan un perjuicio a el patrimonio a las entidades públicas, ya sean federales o estatales.
Sin embargo, en el periodo de 2011 a 2014, la anterior administración estatal no solventó observaciones por $2,879 millones de pesos, cantidad que se suma a la que se observó en el año 2015.
Del informe de la ASF se puede observar que en nuestra entidad solamente hay denuncias de hechos por un total de $61 millones de pesos.
El otro ejemplo tiene que ver con el gasto que ejerce la Cámara de Diputados, especialmente el que se refiere al que se destina a los grupos parlamentarios, que se ejerce mediante mecanismos opacos ya que los coordinadores parlamentarios de cada bancada tienen total control sobre este recursos.
Cada año la ASF recuerda que no fue posible auditar las asignaciones a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados porque no tuvo elementos para hacerlo y cada año hay declaraciones por parte de la clase política pero no hay denuncias ni presuntos culpables enfrentando procesos administrativos o penales.
Esa es la clase política que demanda unidad nacional ante Donald Trump, la que no puede transparentar el gasto en su propia casa.
Twitter: @jesusmenav