Seguido de reporteros y simpatizantes, el exdiputado Gerardo Fernández Noroña compró combustible en una gasolinera en el bulevar Casablanca de Tijuana este 24 de febrero, pero pagó 35 por ciento menos del precio en protesta por los impuestos. Los empleados no se atrevieron a hacer nada, aunque seguramente terminaron pagando la diferencia de su bolsillo. Al escuchar la nota en un noticiario de radio local, el amigo que me había recogido en el aeropuerto de Tijuana comentó: "Si fuera cualquiera de nosotros, nos meterían a la cárcel. Pero en México los políticos pueden hacer lo que se les antoja."
Después de una comida salí conduciendo de Tijuana hacia Ensenada por la Escénica, una autopista por el borde del mar. Un grupo de unos 20 activistas había tomado la primera caseta con unos carteles exigiendo "Libre tránsito" y dejaba pasar a los automovilistas sin pagar. Los empleados de Capufe no hacían nada (el daño es al ciudadano y no a los empleados o funcionarios). No había, por supuesto, ningún policía.
En Veracruz otro grupo tomó la presa de Yuribia. "Retuvo" (secuestró) a dos funcionarios y amenazó con cerrar las válvulas para dejar sin agua a Coatzacoalcos y Minatitlán. Es la misma presa tomada durante casi un mes por miembros de Morena hasta que el entonces gobernador de Veracruz Javier Duarte aceptó pagarles 2.5 millones de pesos al mes. El grupo que ahora tomó la presa protestaba porque se había dejado de cubrir ese dinero. El nuevo gobierno aceptó reanudar los pagos.
A principios de este 2017 vimos bloqueos de carreteras en protesta por el aumento a la gasolina. Cuando los líderes se percataron de que la autoridad estaba paralizada, los bloqueos se convirtieron en saqueos. Cientos de comercios fueron destruidos y robados. Decenas permanecen cerrados hasta la fecha. La policía no intervino en la mayoría de los casos y cuando lo hizo fue para unirse a los saqueos.
México ha pasado de un extremo a otro. En 1968 decenas de estudiantes fueron abatidos a balazos en Tlatelolco por militares pese a que su protesta no afectaba a terceros. En 1971 el gobierno de la ciudad de México utilizó a un grupo de golpeadores, los Halcones, para desbandar una manifestación de estudiantes en un acto que dejó un número indeterminado de muertos.
Hoy los mexicanos gozamos de una gran libertad para protestar, pero como son tantas las protestas los líderes optan por agredir a terceros con bloqueos u otras acciones para lograr notoriedad. Las protestas se han convertido en un negocio cuyo propósito es exigir dinero y privilegios del gobierno y en el que participan organizaciones como Antorcha Campesina, los 400 Pueblos, el Frente Popular Francisco Villa, El Barzón y muchos más.
Del Estado autoritario hemos pasado a uno débil y aterrado. Los activistas políticos saben que pueden hacer lo que quieran porque cualquier acción del gobierno para proteger a los ciudadanos llevará a sanciones a los responsables. Las comisiones de derechos humanos se han convertido en cómplices del negocio de extorsión. Ahí está el caso de Nochixtlán, en que el operativo de la policía en junio de 2016 sólo se realizó tras semanas de bloqueo de la autopista Oaxaca-México.
Nuestros políticos y comisiones de derechos humanos han creado un sistema perverso en el que la extorsión es premiada y la defensa de los derechos de los ciudadanos castigada. Esto genera incertidumbre y reduce la productividad. Con razón tantos mexicanos prefieren vivir y trabajar en Estados Unidos a pesar de la discriminación. Ahí el Estado sí cumple sus funciones básicas.
MEXTENIS
Seis tenistas del top 10 en un torneo ATP 500. El Abierto de Acapulco era ya el mejor torneo de Latinoamérica. Hoy es uno de los mejores del mundo en su categoría.
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