La desconfianza es la base de nuestro sistema electoral, y esto ha provocado que las autoridades sean cada vez más paranoicas, introduciendo mecanismos más complejos para evitar fraudes o el mal uso de recursos. Por esto, nuestro modelo electoral es caro y complicado, ya que necesita de muchos filtros, ya sea una credencial para votar infalsificable, funcionarios de casilla muy bien capacitados, auditorias en tiempo real, o incluso limitar la libertad de expresión para evitar campañas anticipadas.
El próximo 8 de septiembre, inicia formalmente el proceso electoral de 2018, el más complejo en toda la historia de México, esto debido a la cantidad de espacios que se elegirán, la relevancia de estos cargos y por la estrecha diferencia entre las opciones políticas, además de que será muy vigilado y se estrenará en su totalidad el INE y su marco legal.
De aquí lo importante de que el principal órgano electoral tenga reglas claras y concisas, que no dejen ningún espacio a la libre interpretación y no vaya en contra de la libertad de expresión; en este marco, el INE emitió los ya famosos y controvertidos Lineamientos de Piso Parejo.
Dicho documento ha sido duramente criticado e impugnado por todos los partidos políticos y una gran cantidad de servidores públicos, desde la Presidencia de la Republica, Gobernadores y la mayoría de los Diputados y Senadores, mediante la promoción de Juicios de Protección de los Derechos Político-Electorales.
Estos lineamientos implican nuevas obligaciones y limitaciones para los tres órdenes de gobierno y para cualquier servidor público, por lo que a juicio de los quejosos, excede de lo contemplado en la ley. Por ejemplo, prohíbe a cualquier aspirante la realización, difusión o compra de cualquier tipo de propaganda, en el que se promocione una opción política, precandidatura o candidatura.
Además, prohíbe la difusión de informes de labores de cualquier servidor público a partir del 8 de septiembre, salvo aquellos casos en que exista la obligación de rendirlos en una fecha determinada, y los servidores públicos aspirantes deberán abstenerse de realizar cualquier acción a través de la cual se difunda propaganda en la que se promueva su nombre, voz o imagen, bajo cualquier medio de comunicación.
También los servidores públicos que aspiren a competir en el proceso electoral no podrán asistir a eventos en los que se entreguen beneficios de programas sociales ni eventos masivos de difusión de logros o inauguración de obras. Asimismo, la propaganda gubernamental no puede promocionar o exaltar algún programa o logro obtenido y deberá de abstenerse de incluir frases, imágenes o voces que pudieran ser propaganda política y tampoco podrá justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular.
Estas nuevas medidas impuestas por el INE lógicamente perjudican a todos los aspirantes, a la vez que limitarán el modelo de comunicación de los 3 niveles de gobierno, por lo que es muy lógico que no les guste, pero a la vez, es muy entendible la motivación del órgano electoral para emitir los lineamientos, ya que los abusos han estado a la vista de todos durante muchos años.
Al final de cuentas, todo se resolverá por la vía judicial y con un pronóstico muy reservado, sabremos si la resolución del Tribunal Electoral apoya al INE o a la clase política que ve con preocupación que sean limitados sus derechos y se ponga en peligro su estrategia política rumbo al 2018. Sea cual sea el resultado, esta es una cuestión que deberá de ser regulada por la próxima legislatura.
Twitter: @omarortegasoria