Piden regular las contrataciones

Uno de los temas que los alcaldes señalan que es necesario abordar desde el tema legislativo tiene que ver con la reglamentación de los reglamentos de contratación de personal en las administraciones municipales.

Cada trienio, uno de los temas recurrentes tiene que ver con las demandas que las administraciones entrantes enfrentan por parte de ex trabajadores.

Los casos de municipios que han perdido parte de su patrimonio o se encuentran al borde de la quiebra financiera son varios.

Lerdo es quizá el caso más emblemático por el nivel que alcanzó el monto del adeudo, con más de 100 millones de pesos, pero también hay otros municipios en los que si bien el monto de la deuda no es tan alto si ha impactado en la administración pública.

Municipios como San Dimas, Guadalupe Victoria o Topia son algunos en los que el despido de los trabajadores ha significado pérdidas y embargos.

En el caso de San Dimas, al inicio de la administración de Jaime Resendiz Alvarado, el municipio tenía embargos en algunas oficinas debido al adeudo que dejó Alma Leticia Reyes Guerra por concepto de demandas por despido.

En Guadalupe Victoria, el alcalde, José Luis Ramos Zepeda acusó hace unos meses que el pago de laudos se ha convertido en una misión imposible para el Ayuntamiento debido a que hay trabajadores que han convertido las demandas por despido en una forma de vida.

Es decir, que salen de una administración y la demandan por despido injustificado pero luego vuelven al servicio público al siguiente trienio.

En opinión del alcalde de Topia, Juan Manuel Altamirano Mendoza, es necesario que se creen lineamientos claros en torno a la contratación del personal municipal para evitar daños patrimoniales en las administraciones.

Enfatizó que los recursos con los que cuentan los Ayuntamientos no son propiedad de los alcaldes y es por ello que debe evitarse la pérdida de bienes.

Acusó que en muchos casos, el problema de las demandas contra el Ayuntamiento tiene tintes políticos, en su caso dijo, apenas tomó protesta como alcalde se enteró que el 100 por ciento de los trabajadores querían irse.

Después de establecer comunicación se enteró que el problema era político y logró convencer a algunos de quedarse y desistir de la demanda.

Sin embargo, un grupo de trabajadores se mantuvo firme y acusó al Ayuntamiento de un presunto despido injustificado a pesar de que no hubo tal.

No es la primera vez que sucede, previamente, el Ayuntamiento ya había perdido algunos bienes, entre los que se incluye una retroexcavadora.

Altamirano Mendoza enfatizó que lo grave de las demandas es que los Ayuntamientos no tienen fondos para hacer frente, lo que significa que los embargos recaen sobre bienes que son prioritarios para el buen funcionamiento de los gobiernos municipales.