Juzgan a monjas por caso de abusos a sordos en Argentina

Un tribunal argentino comenzó el lunes a juzgar a dos monjas y a varias exempleadas laicas del Instituto Antonio Próvolo de la provincia de Mendoza en el marco de una causa por abusos sexuales a menores sordos por la que dos sacerdotes católicos recibieron históricas condenas a prisión.

El tribunal de Mendoza, ciudad situada a unos mil kilómetros al oeste de Buenos Aires, dio inicio a la primera audiencia del juicio a la monja japonesa Kumiko Kosaka por seis presuntos hechos de abuso sexual agravado y corrupción de exalumnos menores de edad, y a la también religiosa Asunción Martínez -nacida en Paraguay y naturalizada argentina- acusada de no haber denunciado los supuestos vejámenes.

A causa de la pandemia del nuevo coronavirus sólo están presentes fiscales y abogados.

Además otras siete mujeres que cumplieron funciones directivas y administrativas en el Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad mendocina de Luján de Cuyo -hoy clausurado- tendrán que explicar su papel como presuntas entregadoras de los menores, así como facilitadoras y encubridoras de los hechos.

Las acusadas son Graciela Pascual -exrepresentante legal del centro-, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las exdirectoras Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán.

Con excepción de Kosaka, de 46 años y quien cumple prisión preventiva en su domicilio, las imputadas llegan en libertad al juicio, que se estima que se prolongará por cinco meses.

Este es el segundo proceso penal al que son sometidos exmiembros del colegio clausurado luego de que en 2016 fue sacudido por el escándalo generado por las denuncias de violaciones y otros abusos a niños -ahora mayores de edad- que salpicaron principalmente al octogenario cura italiano Nicola Corradi y al argentino Horacio Corbacho. En 2019 ambos fueron condenados a 42 y 45 años de prisión respectivamente, las penas más altas recibidas por sacerdotes católicos en Argentina.

La Corte Suprema de Mendoza ha ratificado las dos condenas.

El juicio que tiene lugar ahora busca arrojar luz "a una red escabrosa de complicidad y silencio" en torno a las vejaciones ocurridas a más de una decena de menores entre 2005 y 2016, dijo la organización de derechos humanos Xumek, querellante en la causa.