Birmania no tiene un futuro claro
Seis meses después del golpe de Estado militar del 1 de febrero, Birmania vive una situación de caos social y político que ha dejado al país al borde de convertirse en un estado fallido, cuyo futuro resulta difícil de vislumbrar.
Casi mil civiles muertos por la represión de las fuerzas de seguridad, una Administración y un sector privado casi paralizados por las huelgas, un brote de Covid-19 fuera de control y una violencia latente de guerrillas y grupos prodemocráticos son el legado de la Junta Militar golpista.
Estas son las claves de lo sucedido en estos seis meses.
La líder birmana Aung San Suu Kyi sigue detenida, al igual que los otros miembros de su Gobierno democrático, desde la madrugada del golpe de Estado. La premio Nobel de paz, cuyo partido- la Liga nacional para la Democracia- volvió a arrasar en las elecciones de noviembre de 2020, se enfrenta a un oscuro juicio acusada de los más variopintos delitos, desde importación ilegal de walkie talkies a violar secretos oficiales.
La venerada Suu Kyi, de 76 años y que podría ser condenada a una larga pena de cárcel, sigue en paradero desconocido y con acceso limitado a sus abogados desde su detención en la capital Naipyidó.
DETENCIONES Y REPRESIÓN
Los movimientos de protesta contra los militares, que empezaron con timidez y ganaron fuerza con el paso de las semanas, se encontraron con la brutal oposición de las fuerzas del orden, que dispararon a matar contra los manifestantes y han causado 939 muertes, además de arrestar a 6 mil 990 personas, según la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos (AAPP).
La fuerte represión mantenida durante meses terminó por forzar a los manifestantes a cambiar su modus operandi, con protestas relámpago que se convocan con muy poca antelación y se disuelven antes de que lleguen las fuerzas de seguridad.
Entre los detenidos se encuentran 98 periodistas, de los que se estima que casi la mitad continúan en prisión y se han emitido ordenes de captura contra otros 33, según la AAPP.
La aprobación de leyes que consideran delito noticias que perjudican los intereses de la junta y la revocación de licencias a medios críticos, la prensa independiente sobrevive en internet, a menudo con periodistas que informan desde la clandestinidad.