Obligados. Se estableció que los estados deben también armonizar su legislación.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Mícher Camarena, afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para despenalizar el aborto a nivel nacional es una parte importante del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Durante la reunión de trabajo denominada "Salud sexual y reproductiva; resolución de amparo en revisión 267/2023 SCJN", subrayó que esta resolución es un tema importante que impacta directamente en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas del país.
En tanto, Isabel Fulda Graue, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aseguró que esta resolución es un paso importante para el acceso al aborto en las instituciones de salud pública, pues su criminalización, incluida en el Código Penal Federal, hacía que el personal de salud no quisiera otorgar este servicio.
A su vez, Melisa Ayala, coordinadora de Litigio y Documentación de GIRE, explicó que, una vez que fue notificada la sentencia de la Corte, el Congreso de la Unión está obligado a derogar el articulado que criminaliza a las mujeres que abortan y al personal médico que les asistan, además de que las instituciones de salud tienen la obligación de prestar el servicio.
Francisco Cué Martínez, responsable de vinculación legislativa del GIRE, indicó que los Congresos locales están obligados a reformar su legislación penal para derogar los delitos de aborto; "lo que está diciendo la Corte es que se abandone el uso del derecho penal para regular quién, en qué momento y bajo qué circunstancias puede acceder o no a un aborto", acotó.