Todos los funcionarios al antidoping
En todo el mundo, unas 284 millones de personas de entre los 15 y 64 años consumieron drogas durante el año 2020, lo que supone un aumento del 26 por ciento con respecto a la década anterior. En los Estados Unidos, la legalización de la marihuana en algunas entidades aceleró su consumo diario, al igual que en otras naciones europeas, donde es legal fumarla desde hace un tiempo atrás.
Las personas están consumiendo más sustancias ilícitas como la cocaína y el fentanilo; los niveles de consumo actuales en muchos países son más altos que los de la generación previa. Así lo señala el último Informe Mundial sobre el Consumo de Drogas de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC). Los estimulantes de tipo anfetamínico se han vuelto la principal droga causante de tratamiento en México, según lo revela el mismo informe.
Tanto en el sector público como privado, llevar a cabo un control sobre consumo de drogas puede ser un asunto de mucha polémica. El debate se abre en torno al dilema que puede causar el no saber exactamente en dónde se tiene que trazar una línea divisoria, entre el derecho a la intimidad, al trabajo, a desarrollar una actividad profesional o hasta a ser un servidor público.
Aunque pareciera ser más un asunto político que de fondo, la propuesta del regidor de Morena, Jorge Silverio Álvarez, en el sentido de que todo aquel funcionario municipal se someta a una prueba toxicológica una vez cada año, resulta prudente de analizar y hasta de llevar incluso más allá, hacia los demás órdenes y poderes del estado de Durango.
Según el punto de acuerdo presentado por el morenista, desde el Alcalde, pasando por el Secretario del Ayuntamiento así como por cada director y regidor del Cabildo, estarían todos sujetos al sometimiento de exámenes antidoping para corroborar o descartar el consumo de algún tipo de droga, esto con el fin de brindarle certeza a la ciudadanía de que sus autoridades son personas limpias, sanas y, sobre todo, transparentes.
Lo anterior podría interpretarse por algunos como mera grilla, pues el edil alude que su propuesta nace a partir de las fuertes declaraciones del exalcalde Jorge Salum, sobre la incursión de la delincuencia organizada en ámbitos del gobierno; sin embargo, la idea tiene cierta lógica basada en experiencias en otros estados del país, como en Baja California, donde lo mismo ha ocurrido; empero, allá se aplicó la medida para contrarrestar la problemática
Desde hace ya casi 10 años, en aquel estado fronterizo se estableció en la legislación local la obligatoriedad para que titulares de los tres poderes y servidores públicos de diversos niveles se practiquen año con año un antidoping y, en caso de negarse, tendrá un plazo no mayor de menos de dos semanas para hacerlo. De persistir en su negativa, son destituidos de su cargo.
En el supuesto de que un servidor público sea positivo en el examen que se le realice, podrá ser acreedor a sanciones como la amonestación de carácter pública o privada, suspensión del empleo cargo o comisión, destitución e inhabilitación temporal de la responsabilidad, incluso hasta para participar en arrendamientos, servicios u obras públicas y adquisiciones.
EN LA BALANZA.- En tal virtud, no es descabellada pues la idea del regidor, ni mucho menos debe ser vista como un ardid político para tratar de atraer reflectores mediáticos, sino más bien como una iniciativa cuya finalidad es que, a través de una norma específica, se puedan aplicar una o más sanciones de acuerdo a la gravedad de la misma, y con ello darle certidumbre a la sociedad de que sus servidores públicos son aptos para realizar sus funciones. Para los adictos, es importante también dar oportunidad a una rehabilitación, porque se trata de un problema de salud pública que no excluye a nadie, por más cargos o títulos relevantes que ostenten.
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