A votación: Durango elige a sus juzgadores en novedoso proceso electoral

La reforma judicial constitucional del 14 de septiembre de 2024 marcó un precedente inédito en México, al determinar la elección popular de juzgadores de los poderes judiciales en sus dos niveles de gobierno, el federal y el estatal. Empero, la organización de estas elecciones presenta retos y desafíos sin precedentes para las autoridades electorales.

A nivel federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de Circuito y jueces de Distrito, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; además, magistraturas electorales de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se encuentran vacantes.

A nivel estatal, la organización de las elecciones de los Poderes Judiciales es atribuible a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). En lo que respecta a los cargos a elegir en el Proceso Electoral Ordinario del Poder Judicial del Estado de Durango 2024-2025, el cual ya dio inicio el día 22 de noviembre del presente año, y conforme a los lineamientos que expidan los comités de evaluación, serán elegidas 8 magistradas y 7 magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; una magistrada o magistrado del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes; 14 juezas y 14 jueces del Poder Judicial correspondiente a cada Distrito Judicial del estado, respecto de las materias de su competencia y los cuales están divididos por dos regiones.

En este proceso participan previamente en la selección de candidaturas idóneas a través del Comité de Evaluación los tres poderes del estado, para posteriormente enviar los perfiles que irán a votación al instituto electoral.

¿Que implica el proceso judicial?. Garantizar los principios rectores de la materia electoral como la imparcialidad; mantener una vinculación estrecha con el INE; adaptar la infraestructura electoral; diseñar boletas electorales complejas; implementar mecanismos para evitar la influencia de partidos políticos en la elección, asegurando que los candidatos sean evaluados por sus méritos, y no por sus afiliaciones; e informar a la población sobre la importancia de elegir a juzgadores idóneos para la función que desempeñaran en el ámbito de la justicia en este nuevo proceso democrático.

En este contexto nos encontramos en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, en donde, además de la elección de juzgadores locales, estaremos organizando la elección de los integrantes de los 39 ayuntamientos del estado.

Como se observa, el éxito de estos procesos electivos dependerá de manera importante de la capacidad de las autoridades electorales, para organizar elecciones transparentes, imparciales y de la participación activa de la ciudadanía.

A pesar de lo innovador del proceso judicial, como se observa, las autoridades y la sociedad deberemos enfrentar los retos que esto presupone para su correcta implementación: garantizar un proceso.

* La autora de esta colaboración es consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC).