Biden evalúa proteger de la deportación a indocumentados casados con estadounidenses
La administración de Joe Biden evalúa una propuesta para proteger de la deportación a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses y otorgarles permisos de trabajo, lo que supone un alivio para más de un millón de inmigrantes en el país, según informaron este lunes medios estadounidenses.
Funcionarios de la Casa Blanca dijeron al diario The New York Times que se analiza la legalidad de cobijar a estas personas con un amparo conocido en inglés como "parole in place", que permite a los inmigrantes trabajar legalmente y los protege de la deportación.
No obstante, la Administración de Biden no ha tomado todavía una decisión final sobre el amparo, agregaron.
El programa podría proporcionar alivio temporal a aproximadamente 1.2 millones de inmigrantes casados con estadounidenses.
Fuentes citadas por el digital Politico aseguraron que de concretarse la medida esta no sería anunciada antes del debate programado para el 27 de este mes entre Biden y el expresidente y precandidato republicano Donald Trump (2017-2021).
Legisladores y grupos proinmigrantes han urgido desde hace meses a la Administración de Biden para que tome medidas ejecutivas que protejan a millones de inmigrantes sin estatus, especialmente aquellos que han vivido y aportado a la economía durante un largo periodo.
En mayo, los senadores demócratas Alex Padilla, Cory Booker, Catherine Cortez Masto y Ben Lujan, junto a otros legisladores, dijeron en una conferencia de prensa en el Capitolio que Biden tiene potestad para decretar medidas que amparen a los indocumentados y a los extranjeros con diversos tipos de visas temporales.
La semana pasada el presidente demócrata usó su poder ejecutivo para emitir una orden con la que el Gobierno estadounidense espera impedir que la mayoría de personas que crucen la frontera de manera irregular puedan pedir asilo, un estatus que solicitan miles de personas a diario para permanecer en el país.
La orden ejecutiva generó una ola de críticas por parte de los activistas y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) prometió demandar la medida.