Curar con votos
Segalmex ha sido una institución carcomida por la corrupción desde su creación el 18 de enero de 2019. El propio gobierno de López Obrador, que dice que ya no hay corrupción en este sexenio, lo ha reconocido. ¿Cómo podríamos resolver esta proclividad? Muy fácil. Que su director general sea electo por voto popular.
No es broma. Esto propone el presidente para resolver un supuesto problema de corrupción en el poder judicial. Es una simple ocurrencia, pero tiene objetivos más perversos. Nadie duda de la necesidad de una reforma del sistema de justicia. Es imprescindible atacar la complejidad y lentitud de los procesos. Debemos resolver también el problema de inequidad, que deja a los más necesitados, a los que no tienen recursos para contratar un abogado, en indefensión. Solo que el voto popular que exige AMLO no cura ninguno de estos males.
Si el voto popular fuera una vacuna contra la corrupción no tendríamos tan altos niveles de abusos en legislaturas, alcaldías, gobiernos estatales y el poder ejecutivo federal, cuyos titulares son electos por sufragio. La democracia es la mejor forma de escoger a gobernantes y legisladores, pero los tribunales no deben ser encabezados por políticos, sino por juristas con un sólido conocimiento sobre el complejo campo del derecho y, sobre todo, con reconocida imparcialidad. Esto no se logrará si los jueces son electos por los operadores del poder político.
Tampoco permitirá el sistema jurídico que está impulsando el presidente López Obrador, y que tristemente está adoptando la presidenta electa Claudia Sheinbaum, un mayor acceso a la justicia para los más necesitados. El voto popular en nada ayuda, pero otras medidas de López Obrador alejan la posibilidad. Este viernes 14 de junio, por ejemplo, el Diario Oficial de la Federación publicó en una edición vespertina el decreto que prohíbe a los tribunales “fijar efectos generales” a las suspensiones de normas. En otras palabras, solo las personas que promueven los amparos, las que tienen dinero para pagar un abogado, podrán beneficiarse de una suspensión contra un acto abusivo de la autoridad. Es un decreto que vuelve más elitista la justicia.
Peor aún, por la concentración de poder que implica, resulta el decreto publicado también el 14 de junio que crea un nuevo artículo a la Ley de Amnistía: “Por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento”, cuando “se otorgue a personas que aporten elementos comprobables para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado Mexicano”. En otras palabras, el presidente podrá pasar por encima de los fallos de los tribunales y perdonar a asesinos o violadores si aceptan formar parte del programa de testigos beneficiados que declaran lo que quiere la autoridad.
Las reformas al sistema judicial, en las que el Congreso controlado por el presidente “oirá” a los especialistas y a la oposición, pero hará lo que ordena el presidente, no buscan ni combatir la corrupción ni permitir el acceso a la justicia de los más necesitados. El presidente solo quiere darse facultades ilimitadas en materia de justicia y acabar con la independencia judicial. Su sueño es que jueces, magistrados y ministros simplemente obedezcan sus instrucciones.
La reforma judicial de AMLO pretende concentrar todos los poderes del país en una sola persona. No es ni siquiera un retorno a los tiempos del viejo PRI, sino a la presidencia imperial de Porfirio Díaz.
SIN EXAMEN
“Para convertirse en juez de distrito, los aspirantes deben aprobar un examen de cuatro horas sobre amparo, derecho penal, proceso penal, justicia para adolescentes y otros temas relaciones”, escribe el exprocurador Ignacio Morales Lechuga. “Este año, de 579 aspirantes, solo 46 aprobaron el proceso”. Ahora bastará con que sean postulados por la mafia del poder de López Obrador.
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