Procedimiento. La iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
Con el objetivo de eliminar la duplicidad en las sanciones a quienes, con o sin ánimo de lucro, constituyan, fomenten o administren escuelas sin la debida autorización o que no cumplan con los requisitos establecidos, el Congreso del Estado analizará una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.
El diputado local Gerardo Galaviz Martínez explicó que con esta reforma se busca perfeccionar la redacción del artículo 349 BIS para sancionar de cinco a 10 años de prisión y multas de mil a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de derogar el artículo 417.
Además, la iniciativa establece que si en este delito interviene algún servidor público del ámbito educativo, la pena aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de la correspondiente por el delito cometido y se impondrá la destitución y la inhabilitación de ocho a 20 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos.
Galaviz Martínez destacó que en México se han identificado múltiples casos de personas que, al finalizar sus estudios, descubren que no cuentan con reconocimiento y validez oficial, por lo que no pueden aspirar a puestos acordes con su perfil de egreso.
"Dichas escuelas han prosperado principalmente en los niveles de media superior y superior, debido a la falta de una cobertura total en el ámbito público. Representan una competencia desleal a los centros educativos que cumplen con los procesos de calidad y normatividad legal exigidos por la ley, convirtiendo la educación en mero negocio y, peor aún, obteniendo ganancias fraudulentas", precisó.
Añadió que esta situación implica un daño grave a los educandos, ya que al egresar de estas instituciones se encuentran con la limitante en la expedición y entrega del documento oficial que acredite los estudios cursados.