Pendiente. Señalan que, sin recurso, no se puede asegurar la infraestructura física, tecnología y capacitación necesaria.
En el marco de la transición hacia un nuevo sistema de justicia civil y familiar, se presentó una iniciativa de reformas al artículo sexto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para que se establezcan las partidas presupuestarias necesarias para su implementación.
La diputada local Rocío Rebollo Mendoza, al presentar su propuesta, informó que este Código deberá adoptarse a más tardar el 1 de abril de 2027 por todas las entidades del país, situación que plantea un desafío significativo para los Poderes Judiciales locales.
"El reto aún está por comenzar, ya que este Código no solo exige la adecuación de los marcos jurídicos locales, sino que requiere recursos presupuestarios sustanciales que actualmente no están garantizados", subrayó.
Recordó que, en comparación con la implementación del sistema procesal penal acusatorio, que contó con recursos federales asignados entre 2011 y 2016, este nuevo sistema enfrenta restricciones presupuestales importantes.
Agregó que, actualmente, los Poderes Judiciales locales atienden el 70 por ciento de la carga de trabajo, en comparación con el 30 por ciento que corresponde al Poder Judicial de la Federación; pero, en contraste, cuentan con menos de la mitad del presupuesto asignado a este último.