Existen dudas razonables que se deben dilucidar

Nuestro proceso electoral actual trae una carga de irregularidades jurídicas, éticas y morales creadas por quien ganó su proceso democráticamente, sustentado en promesas de desarrollo humano, social, económico y político que prosperarían aplicando la Constitución Política que lo llevó al poder, jurándola cumplir y hacer cumplir. Al percatarse de la inmensa autoridad adquirida decidió ignorarla, iniciando una desquiciante campaña por acrecentar un poder obsesivo y perturbador, olvidando lo prometido y jurado.

La herramienta de gobierno ha sido la retórica confrontadora, falsa, mentirosa, engañadora y cargada de hipocresía que manipula su personal libertad de expresión para reprimir, censurar y estigmatizar cualquier opinión y opinador que piense diferente, sin respetar la privacidad de las personas.

"Despreciando la expresión libre y sin temor a represalias de las ideas y opiniones ajenas, como esencial para la mejora y progreso de una sociedad-gobierno en democracia".

Nuestra administración pública busca el bien común de los mexicanos manejando hábil y honestamente los recursos e instituciones del patrimonio público; promueve el orden interno; satisface necesidades ciudadanas y su fuente de ingresos es la recaudación de impuestos, regulando las actividades del pueblo, sectores estatales y privados mediante leyes impositivas, normas sociales y económicas justas.

"Sustituyéndolo por una campaña electoral permanente enfocada acumular y preservar poder a toda costa".

Prometió atender los problemas estructurales recibidos, sin lograr atenuar ni solucionar la pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, inseguridad y violencia, "pretendiendo resolver el desafío con otros datos nunca acreditados".

Impone la división social y la intolerancia polarizadora, fragmentando la unidad nacional como fortaleza democrática.

La democracia se construye, se defiende y se mantiene, siempre convenciendo sin imponer, aceptando los errores y comprometiéndose a corregirlos; sin corrupción, impunidad ni violencia; impidiendo el chantaje y aprovechamiento de los necesitados y menos favorecidos, ni comprar la libertad de individuos para beneficiar al autócrata.

Llegamos al 2 de junio-2024, después de un proceso sinuoso cargado de incongruencias ilegales, intervención abierta del Presidente, uso de recursos públicos, alto nivel de violencia, intromisión del crimen organizado; los que arribaron al poder aprovechando las instituciones democráticas construidas en el pasado se dedicaron a destruirlas.

32 asesinatos de candidatos, centenares obligados a renunciar y la sociedad avasallada por la violencia, las estructuras autónomas de contención del poder fueron acosadas desde el Poder Ejecutivo utilizando a su albedrío su mayoría en el Legislativo; más de 50 cautelares del INE no lograron contener su actuar, negándose a acatar más de 40 sentencias del tribunal electoral.

Convocó impunemente al voto para su candidata; usó servidores públicos para la promoción del voto casa por casa condicionando abiertamente el voto a programas sociales; surgen dudas sobre la alteración del contenido de boletas en las urnas, la compra de votos previa fotografía, imposición de funcionarios en puestos clave, concesiones públicas a cambio del voto, alteración de resultados por la autoridad electoral, empleo de fondos de dudosa procedencia y la participación del crimen financiando e imponiendo candidatos.

Dando lugar a la petición de una revisión por la discordancia entre las actas de los centros de votación y los datos contenidos en el INE como árbitro electoral de la democracia, regresando la suspicacia hacia la titular por un posible conflicto de interés al pertenecer a una familia cercana al señor presidente que la designó y que ocupan varios cargos importantes de la administración pública federal y estatal.

Por su parte, el madruguete desinformador sigue siendo la estrategia política actual y ya realizan acciones de gobierno, tienen gabinete y coordinador de la transición. Sin importarles que ni el INE ni el Presidente de la república tienen facultad para declarar vencedor de la elección, porque el art. 99 Constitucional establece que le corresponde al Tribunal Electoral Superior... a quien le crearon su caos particular.

Ya es ley el revisar voto por voto demandado por nuestro Ejecutivo cuando fue oposición y debemos esperar los resultados procedentes sin actuar con criterios de conveniencia ocasional, recordando que en democracia se atienden todos los criterios que se acreditan. Esperemos la resolución sobre un piso parejo.

Se intensifica la necesidad por acabar con los contrapesos al Poder Ejecutivo eludiendo probables responsabilidades; desaparecer el delito es la mejor solución, anticipándose inmediatamente reacciones internacionales contra esas medidas y obligándolos a hacer declaraciones tranquilizadoras... el tiempo sigue su curso.

Nuestra situación actual NO es una cosa menor. Votamos hace seis años por quien prometió seguridad y prosperidad jurando cumplir la Constitución existente.

Parece urgirles confirmar lo dicho por Zapata el 6 de diciembre de1914: "El que se sienta en esa silla se vuelve loco".

* El autor de esta colaboración es General de División Diplomado de Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.