Falsas narrativas
Sin lugar a dudas, cada gobernante espera dejar un sello que lo separe de quienes lo antecedieron. En muchos casos el principal legado se encuentra en obras que sirven para identificar el período de gobierno de quién estuvo a cargo mientras se erigieron. Sin embargo, los cambios más duraderos y profundos tienen que ver con los cambios institucionales, especialmente cuando se modifica, parcial o completamente, la Constitución, la norma suprema.
A sabiendas de que no tiene los votos necesarios para intentar llevar a cabo reformas constitucionales, el Presidente de la República lanzó, no siete, como previamente se había especulado, sino un paquete de veinte reformas constitucionales que abarcan una multitud de temas: reformas al poder judicial, al sistema electoral, etc.
La visión (utopía, dirían algunos) del Presidente de la República está plasmada en estas reformas: limitar derechos constitucionales, situación seguramente ocurriría con la desaparición de los órganos autónomos que las garantizan, la modificación del poder judicial para que sea controlado por quienes capacidad de movilización, en este caso seguramente serían las organizaciones sociales con mayor capacidad para movilizar ciudadanos: los partidos políticos.
La semana pasada escribí en estas páginas que este paquete de reformas constitucionales buscaba evitar que se hablara de los graves problemas que sufre el país, y también las amenazas externas, por ejemplo, que la sociedad mexicana, en general, tuviera fuera de su perspectiva los peligros que pudiera significar para nuestro país un segundo mandato de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos.
El Presidente de la República aceptó que las iniciativas que envió para su discusión al Congreso de la Unión se instalaban dentro del proceso electoral, para que los ciudadanos decidieran el futuro del país.
Así, lo que tal vez el oficialismo espera es que la discusión en las campañas presidenciales estuviera centrada en las reformas constitucionales propuestas por el gobierno, no necesariamente sobre los graves problemas de gobernabilidad e inseguridad a causa del crimen organizado, falta de servicios públicos (medicinas, por ejemplo) que aquejan al país y que se buscan enmascarar con una narrativa llena de falacias y de reparto de culpas al pasado.
Los problemas que vivimos son reales, no están inscritos en una narrativa en la que se quiere culpar per se al gobierno, basta ir a una farmacia del sector salud o ver el precio de algunos productos que se producen en las zonas en las que el crimen organizado cobra “derecho de piso” a los productores y comercializadores, convirtiéndose, de facto, en otro poder, al utilizar la fuerza (violencia) para lograr sus fines, atribución reservada al estado mexicano.
Estamos a unas semanas de iniciar la campaña presidencial, el objetivo del oficialismo, como lo ha venido haciendo los últimos años, es lograr que los problemas del país se normalicen, que no se hable de ellos como problemas que ha causado este gobierno, sino como efectos inevitables de los gobiernos del pasado inmediato.
Como sociedad, tenemos la obligación de no caer en este juego de narrativas durante la campaña presidencial, es necesario analizar los hechos, las cifras, de una manera objetiva y desenmascarar las falsas narrativas que se están construyendo en el marco del próximo proceso electoral.
X: @jesusmenav