Lo electoral de la reforma judicial
Dejando a un lado lo controversial de la reciente reforma judicial, es un hecho que ya está promulgada y en vigor, por lo que estamos en un proceso electoral federal extraordinario que tendrá por objetivo elegir a los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 17 magistraturas electorales y la mitad de los jueces de distrito y magistraturas de circuito de todo el país.
Es decir, el 1 de junio de 2025, donde originalmente únicamente tendríamos elecciones en Durango y en Veracruz, se volvió a convertir en una jornada electoral histórica que transformará el Poder Judicial. Y, por supuesto, hay actores que serán claves; por ejemplo, aunque ya tenemos la reforma constitucional aprobada, todavía es necesario hacer las leyes secundarias, por lo que los legisladores federales tienen los dedos en la puerta para hacer esto antes del 15 de diciembre.
Sin embargo, sin leyes secundarias, el Instituto Nacional Electoral ya tendrá que empezar con su planeación, ya que la reforma fue muy clara al especificar que el 23 de septiembre tendrían que iniciar los trabajos preparativos, lo que implica infinidad de retos, de entrada, asegurar los mismos estándares de calidad y certeza que tiene una elección ordinaria.
La complejidad es evidente, es la primera vez que se hace, no hay un marco jurídico acabado y los tiempos son muy reducidos. Se tiene que hacer compatible la geografía electoral con los circuitos jurisdiccionales, presupuestar, capacitar y operar toda la logística de las personas que estarán en las mesas de recepción de votación, hacer el cómputo de votos.
Pero además, brindar acceso a radio y televisión a quienes aspiren a un cargo, quienes por cierto, a pesar de que tendrán 60 días para hacer campañas, no tienen acceso a financiamiento público o privado de sus campañas y no pueden contratar espacios en medios de comunicación, y por supuesto, los partidos políticos y las personas servidoras públicas no pueden intervenir a favor o en contra de alguna candidatura.
Será muy importante ver las boletas, y cómo se logra hacer que sea muy fácil para la ciudadanía votar con la multitud de cargos a elegir; ver cómo se motiva la participación ciudadana que tradicionalmente no rebasa el 60% de participación y cómo se logra tener un voto razonado e informado, tomando en consideración lo acotado que serán las campañas.
De igual manera será muy interesante analizar cómo los legislativos locales aterrizan la reforma; su plazo vence el 15 de marzo, teniendo que seguir el mismo esquema de la reforma constitucional ya aprobada, por lo que se abre la puerta para que el 1 de junio de 2025 se tenga una elección para la integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, o en su caso, decidan que todo se vaya hasta 2027. Estemos atentos.
* El autor de esta colaboración es Consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC).
X: @omarortegasoria