Postura. La politización afectaría la seguridad jurídica y reduciría el atractivo de México para la inversión internacional.
Se presentó un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), junto con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Jalisco, el cual fue respaldado por las filiales patronales de todo el país, incluido Durango.
Se explicó que este recurso jurídico enfatiza los argumentos técnicos y legales necesarios para proteger la independencia judicial en México, en un contexto donde las reformas al Poder Judicial suponen un reto profundo para el equilibrio de poderes.
Dicho documento busca incidir en la deliberación constitucional que está por dictar la Suprema Corte, poniendo especial énfasis en los riesgos que representa la reforma judicial para la imparcialidad y autonomía de jueces y magistrados.
"Esta iniciativa no solo compromete la imparcialidad de los jueces y magistrados, sino que impacta directamente en la confianza de las instituciones y la certidumbre jurídica que el país necesita para seguir atrayendo inversiones y generando empleos", se informó.
A través de una conferencia de prensa que se transmitió vía remota, José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex, subrayó la importancia del momento que atraviesa México y el compromiso que esto exige de la sociedad.
"Hoy nos encontramos en un momento crucial para nuestro país. Un momento que nos exige tomar postura y, más allá de las palabras, convertir nuestras convicciones en acciones contundentes", expresó.
Marcos del Rosario, presidente del Comité Jurídico de Coparmex, resaltó el valor de un sistema judicial independiente como garantía para la justicia imparcial y la seguridad jurídica.
"Esta reforma no solamente condiciona la independencia del Poder Judicial, sino que también pone en riesgo el acceso a la justicia de las y los justiciables, porque el hecho de que se desaparezca la carrera judicial pone a los justiciables en una situación en la que quienes resolverán sus asuntos sean personas que no tengan la experiencia ni los fundamentos jurídicos probados", añadió.