Determinación. Se encontraron los elementos suficientes para acreditar la violencia política de género, imponiendo algunas medidas por parte del Pleno del Tribunal.
El Tribunal Electoral del Estado de Durango resolvió un Procedimiento Especial Sancionador promovido por la Síndica Municipal de Mapimí, quien denunció a cuatro servidores públicos y un ciudadano por múltiples actos de violencia de género que afectan su desempeño en el cargo.
Los hechos denunciados por la funcionaria incluyen violencia económica, al sufrir disminución en la percepción de su salario y negativa a otorgarle recursos económicos para realizar su gestión; violencia verbal, por insultos y agresiones de carácter sexual y connotación de género; omisión en la convocatoria a las sesiones del Cabildo del municipio de Mapimí; y violencia laboral, porque se le negó información y documentos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, así como la falta de un espacio físico para atender asuntos relacionados con su cargo desde el inicio de la Administración.
Tras un análisis y en cumplimiento con los lineamientos de la jurisprudencia 021/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el órgano jurisdiccional local consideró que se acreditaba la violencia política de género.
Como resultado de la calificación de las faltas, el Tribunal Electoral de Durango impuso medidas de protección y reparación, consistentes en una disculpa pública por parte de los denunciados; el reintegro económico correspondiente por el concepto de sueldo; capacitación en violencia política de género para los denunciados; su inscripción al Registro de Personas Sancionadas por este tipo de por un periodo de cuatro meses; y una amonestación pública para el ciudadano señalado.