Yo río libre
La Contraloría Nacional Autónoma del Agua ha convocado a una movilización para el 29 de octubre a partir de las 10 de la mañana frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en todo el país, donde se exigirá la participación ciudadana y comunitaria en el Acuerdo Nacional por la Seguridad y Sustentabilidad del Agua anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se presentarán las propuestas desde 84 contralorías autónomas del agua regionales, estatales y locales de 28 estados de la República, en los temas de sobreconcesionamiento y acaparamiento, sobreexplotación, falta de reconocimiento de derechos al agua de pueblos originarios, sistemas comunitarios y núcleos agrarios, privatización, urbanización insostenible y contaminación impune.
Frente a las mafias del agua, ningún gobierno podrá recuperar el agua como bien de la nación sin contar con una estructura ciudadana y comunitaria articulada local y nacionalmente, para ayudar a desmontar progresivamente el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la contaminación impune que ha proliferado desde 1992 bajo un marco legal salinista, neoliberal, la Ley de Aguas Nacionales, que promueve el interés particular, privado, de negocio, por encima del bien común.
Así lo han reiterado, con más fuerza desde junio, los integrantes de la ahora Contraloría Nacional Autónoma del Agua.
La semana pasada, esta columna periodística dio a conocer gran parte de las propuestas ciudadanas y comunitarias incluidas en la primera declaración de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua emitida el 12 de octubre en San Luis Potosí en su encuentro fundacional.
El encuentro celebró el anuncio de la presidenta Sheinbaum de construir el Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Sustentabilidad del Agua, el cual busca corregir los graves problemas sociales y ambientales causados por el sistema de concesiones de agua que es privatizador y se apoya en la neoliberal Ley de Aguas Nacionales.
De igual manera, consideró importante impulsar una política que promueva el uso racional del agua y estimule la eficiencia, el reúso y el tratamiento en sectores altamente consumidores y contaminantes de agua como son las industrias petroquímica, química, papelera, textil, minera, metalúrgica, alimentaria y turística.
Marcó la necesidad de una regulación de estas actividades para que se restrinjan los aprovechamientos en regiones con baja disponibilidad de agua o en condiciones de sequía para garantizar el derecho humano al agua.
Es necesario -reiteró- que haya vigilancia en las líneas de conducción hacia las ciudades y pueblos para evitar la extracción ilegal -huachicoleo del agua-, así como brindar un adecuado mantenimiento a las redes de agua potable para evitar fugas y pérdidas.
Ello requiere de la coordinación de los tres niveles de gobierno, así como de mayores recursos para aumentar la capacidad técnica e institucional para la supervisión, vigilancia y mantenimiento de las obras hidráulicas y sanitarias.
La Contraloría Nacional Autónoma del Agua coincidió con el compromiso de la presidenta Sheinbaum de lograr un aprovechamiento más racional del agua, con el fin de que se garantice agua para la producción de alimentos, el consumo humano y los caudales ecológicos.
Subrayó la necesidad de tener un diagnóstico integral para determinar cuánta agua se consume y para qué cultivos, quiénes tienen los derechos y el control del agua, en qué condiciones está la infraestructura de riego y cómo se encuentra la disponibilidad de agua superficial y condiciones de explotación del acuífero por pozos legales e ilegales.
La tecnificación de la agricultura no garantiza por sí misma el ahorro de agua, ya que la Ley de Aguas Nacionales no considera la reducción de los volúmenes concesionados y su cambio para otros usos.
Incluso el "ahorro de agua" podría ser estimulo para aumentar la producción agrícola pero aumentaría el consumo de energía, toda vez que el riego presurizado eleva el consumo de energía eléctrica al cambiar el sistema de riego por goteo y aspersión.
No obstante, consideró que es fundamental que la tecnificación en la agricultura no conlleve al despojo de derechos de agua de los ejidos y comunidades. Y para ello propone el cumplimiento de cuatro condiciones.
Prohibir la venta de derechos y de "excedentes" de agua, así como los usos no agrícolas de las aguas de los Distritos y Unidades de Riego.
Reemplazar las actuales figuras jurídicas creadas en los Distritos de Riego y que son controladas por grupos de poder y caciques del agua, por nuevas formas de organización social más democráticas, incluyentes y transparentes.
Erradicar la corrupción en este sector y sus prácticas ilegales, como acaparamiento de agua y proliferación de pozos profundos sin registro.
Revertir la política de transferencia de los Distritos de Riego y de Temporal Tecnificado para que el Estado recupere su papel rector.
@kardenche