Alcaldes sustitutos, un relevo antidemocrático
La reciente y supuesta decisión personal de Jaime Mijares Salum para no asumir como presidente municipal suplente de Durango, esto tras la licencia definitiva de Toño Ochoa para ir en busca de la reelección, vuelve a poner en el centro del debate una práctica que, aunque normalizada y recurrente, sigue siendo una afrenta a la voluntad ciudadana por la simulación política en la conformación de las planillas electorales.
A partir del año 2008, la figura del alcalde suplente fue desmeritada y pasó a jugar una suerte de disfraz en las boletas electorales. Su inclusión en las fórmulas comenzó a responder más a los acuerdos de cúpula que a una verdadera intención de respetar el voto de los electores, quedando así dilapidada la responsabilidad de gobernar en caso de ausencia definitiva del presidente municipal, en apego a una decisión ya tomada en las urnas.
En aquel momento, en diciembre de ese mismo año para ser más precisos, a propuesta del Partido Revolucionario Institucional y a iniciativa del Ejecutivo, en ese entonces encabezado por Ismael Hernández Deras, la autonomía de municipio libre fue violentada con una reforma que otorgó facultades al Poder Legislativo para designar - a modo- a los alcaldes sustitutos.
Tal maniobra fue severamente rechazada por los diputados locales del Partido Acción Nacional en aquella Sexagésima Cuarta Legislatura, llegando a promover ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad por haberse lastimado la independencia de los 39 municipios del estado de Durango.
Entre otros conceptos por los que se pretendía invalidar esta jugarreta política, los legisladores panistas argumentaron la violación grave al procedimiento legislativo, y además por contravenir a los principios constitucionales que determinan que los gobiernos municipales estarían a cargo de un ayuntamiento electo a través del voto popular y directo de los ciudadanos.
No obstante y como es evidente, dicha acción de inconstitucionalidad no prosperó; empero, hoy en pleno 2025, el PAN aliado con el PRI se ha olvidado de aquello que consideró una grave falta, pues ahora la medida se acomoda a sus necesidades electorales, aunque antes deba dar el visto bueno el jefe político de la coalición, el gobernador Esteban Villegas.
En definitiva, si los alcaldes suplentes están siendo orillados políticamente a no cumplir con la responsabilidad que aceptaron al ser registrados en las planillas, puede ser un buen momento para que la oposición replantee el modelo, estableciendo mecanismos más transparentes, y así evitar que las suplencias sean utilizadas como moneda de cambio en los acuerdos políticos.
No se puede seguir engañando a los ciudadanos con candidaturas que solo buscan sumar votos, pero que carecen de un verdadero compromiso con la función pública. Y es que, al final, lo que está en juego no es solo un cargo, sino la legitimidad de las instituciones y el respeto a la democracia, porque la decisión de los electores queda suprimida por un relevo antidemocrático.
EN LA BALANZA.- La creación del Registro Estatal de Agresores de Mujeres en Durango puede ser un avance en la lucha contra la violencia de género, pero también un reto en su aplicación efectiva. Garantizar que quienes han ejercido violencia política contra en razón de género no accedan a cargos públicos es un paso necesario para una democracia más equitativa. Sin embargo, la eficacia de este registro dependerá de su correcta actualización y de la voluntad de las autoridades para hacerlo valer. No basta tener un listado; se requiere un compromiso real para que este mecanismo no se convierta en una simple herramienta de simulación.
CERROS SECOS Y PELONES... El caso de la camioneta robada y vendida a un funcionario público en una agencia de Gómez Palacio pone en evidencia una grave falla en los controles de compra-venta de vehículos en el país. ¿Cómo es posible que un automóvil con documentación en regla resulte tener reporte de robo? Esta situación no solo afecta al comprador, quien queda atrapado en una pesadilla legal, sino que también expone la vulnerabilidad del sistema de verificación vehicular. Es urgente que las autoridades investiguen a fondo y establezcan mecanismos más sólidos para evitar que ciudadanos terminen pagando por la negligencia -o posible complicidad- de quienes deberían garantizar transacciones seguras.
X: @Vic_Montenegro