Holocausto en México
Teuchitlán y Reynosa están dando la vuelta al mundo al develarse localidades en Jalisco y Tamaulipas en las que grupos de madres buscadoras descubrieron campos de exterminio bajo control de la delincuencia organizada. Las imágenes con zapatos, ropa y restos humanos permiten ver que estos lugares se emplearon con una crueldad extrema para el reclutamiento forzado, la tortura y la desaparición de personas. El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum debe afrontar la crisis de derechos humanos, iniciar una política de Estado para la pacificación y replantear la estrategia actual de seguridad militarizada.
La atrocidad sistemática de los grupos criminales es una realidad que, a pesar de su crudeza e impactos, mantiene la resistencia del Estado mexicano a reconocer el control territorial de los cárteles, el desplazamiento forzado y la connivencia entre autoridades y criminalidad. En palabras del poeta Javier Sicilia, el país fue convertido en un camposanto en el que las familias de personas desaparecidas realizan la labor del Estado.
México vive días críticos. Con estructuras institucionales anquilosadas y buena parte de la sociedad normalizando la violencia. La escala de la desaparición forzada ha llevado al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU a caracterizar la situación como una crisis, que tiene la magnitud propia de un conflicto armado. Desde la IBERO Puebla se realizó un diagnóstico en el documento "Balance de sexenio y perspectivas de futuro", que da cuenta de la pérdida de capacidades técnicas para la búsqueda e identificación, la falta de coordinación institucional, el rezago de las Fiscalías, la investigación que recae en las familias, así como la falta de registros estatales y operación plena de los registros de personas desaparecidas, de fosas y el Banco Nacional de Datos Forense.
En este escenario existe una guía de ruta en la Agenda Nacional de Paz, originada en un diálogo nacional impulsado en 2022 y 2023 por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, la Dimensión Episcopal para los Laicos, junto con sectores de la sociedad civil, colectivos y universidades. Los Compromisos para la Paz que suscribieron las y los candidatos a la presidencia en 2024, entre ellas la presidenta Sheinbaum, contienen propuestas para prevenir la violencia, reconstruir las comunidades a partir de medidas de seguridad ciudadana, fortalecer la justicia y la gobernanza sobre un enfoque de derechos que coloque a las víctimas en el centro de la actuación de los poderes públicos.
Estos procesos requieren justicia y memoria. Una justicia que devuelva la dignidad arrebatada a las víctimas y visibilice las responsabilidades, incluidas las de autoridades cómplices que actúan amalgamadas con la criminalidad en esquemas de macrocriminalidad. Un proceso de verdad que permita saber qué ha sucedido con miles de personas desaparecidas en las últimas décadas en el país. "Si nosotros callamos, ¿quién hablará?", así se expresó Primo Levi -sobreviviente del Holocausto-, para reafirmar la necesidad de reconocer y narrar el horror.
El país y los miles de víctimas de la violencia exigen memoria sobre la desaparición forzada y el exterminio. Continuar la implementación de la Agenda Nacional de Paz permitirá sentar las bases para superar a mediano plazo la grave crisis de derechos humanos en México.
@hele_simon