Vasos comunicantes
La participación política es uno de los antídotos más efectivos contra la corrupción. En el Índice de Democracia de Economist Intelligence Unit, asociada al semanario británico The Economist, Noruega obtuvo una calificación perfecta este año. La clasificación se basa en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. El país nórdico «destaca por su cultura igualitaria, la baja corrupción, la alta participación ciudadana y su compromiso internacional como mediador de la paz. En las elecciones parlamentarias de 2021, que ganó el Partido Laborista, participó más del 77% de la población», dice El Orden Mundial (EOM), medio español de análisis internacional.
La lista de países menos venales del mundo corresponde también, con leves variantes, a los más democráticos si se contrasta con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Mientras Dinamarca ocupa el primer lugar de la clasificación de 2023, con 90 puntos, Estados Unidos aparece en el lejano puesto 69 (de un total de 180) con 66 unidades menos. Uruguay, el único país de América cuya democracia es plena, junto con la de Canadá, ratifica la regla: ostenta el sitio 73 y tiene 16 puntos, si bien retrocedió un escalón y bajó dos unidades en relación con el IPC de 2022.
México se mantuvo en la posición 126 con 31 puntos. Subió 12 lugares y apenas tres unidades con respecto a 2018, último año de Gobierno de Peña Nieto. Un avance demasiado pobre frente a la promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de colocar al país entre los más honestos, lo cual no se logrará mientras México permanezca en el grupo de naciones con sistemas políticos híbridos. En este sentido, Transparencia Internacional llama a los Gobiernos «para que otorguen a los sistemas de justicia la independencia, los recursos y la transparencia necesarios para castigar eficazmente todos los delitos de corrupción y poner controles institucionales al poder. Cuando resulte necesario, los Gobiernos también deben adoptar leyes y procedimientos más eficientes para que las instituciones de justicia puedan protegerse frente a actos corruptos y contrarrestarlos».
El director de Transparencia Internacional, Daniel Eriksson, quien inició su carrera como pacificador militar en el conflicto de la ex Yugoslavia, advierte: «La corrupción agrava la injusticia social y afecta en forma desproporcionada a los más vulnerables». Previene, también, que «En muchos países, persisten obstáculos para que las víctimas de corrupción puedan obtener justicia. Ha llegado el momento de eliminar las barreras y asegurar que las personas puedan tener acceso efectivo a la justicia. Todas las personas merecen que haya sistemas legales justos e inclusivos donde las voces de las víctimas se escuchen en cada instancia. Cualquier otra posibilidad es una afrenta a la justicia».
Las palabras de Eriksson resuenan en unos lugares más que en otros y deben ser escuchadas. En México, uno de los casos más escandalosos es el de la megadeuda de Coahuila. El control transexenal del aparato de justicia y de los organismos encargados de combatir y castigar la corrupción, cuya función real consiste en mantenerla impune, ha sido posible justamente por la escasa participación social y la falta de compromiso de la mayoría de los medios de comunicación, sin los cuales la democracia se estanca y retrocede.