Colombia rechaza audiencia ante Comisión Interamericana
El gobierno colombiano desautorizó una audiencia solicitada por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y mediante una carta de la cancillería, pidió la cancelación de la cita, informaron medios de prensa.
El gobierno del presidente Iván Duque mantiene una serie de objeciones a la JEP, creada en virtud de los acuerdos de paz de 2016 entre la anterior administración de Juan Manuel Santos y la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC, las cuales fueron rechazadas en el Congreso y que ahora analiza la Corte Constitucional.
En lo que varios medios calificaron de "nuevo choque entre la JEP y el gobierno", el canciller Carlos Holmes Trujillo pidió a la CIDH cancelar la cita, mientras que la presidenta de la entidad, Patricia Linares, recordó que existen antecedentes internacionales de organismos judiciales que han acudido ante esa instancia.
En la carta a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, el canciller manifestó recibir "con mucha extrañeza" la convocatoria a la audiencia pública, de la que nunca fuimos informados" ni "de los objetivos que perseguía con esta petición", informó el diario colombiano El Espectador.
Según el canciller, si bien cualquier persona u organización puede pedir audiencia pública a la CIDH, "es inadmisible que una entidad jurisdiccional, que carece de competencias en el plano internacional, pretenda beneficiarse de dichas disposiciones y acudir directamente a una instancia internacional sin acudir a los canales oficiales".
El funcionario reclamó cancelar la cita, que, dijo, "fue convocada irregularmente por carecer la entidad solicitante de la personería y capacidad jurídica exigida", y advirtió que de realizarse, el Estado colombiano "no está en condiciones de participar en dicha audiencia ni autoriza la presencia de ninguna entidad".
La presidenta de la JEP replicó, en una misiva difundida por la emisora Blu Radio, que existen precedente de entes judiciales de países que han pedido audiencias ante la CIDH, como el Tribunal Constitucional de Perú en 2017, y el Instituto de la Judicatura de Guatemala en el mismo año.