Por aborto en Durango, una investigación
En lo que va del año, se ha abierto una carpeta de investigación por un caso de aborto, inscrito como uno de los delitos contra la vida y la integridad.
Esto de acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que documentó una indagatoria en junio.
Las circunstancias en las que se concretó el aborto se desconocen, e incluso de parte de la Fiscalía Estatal no se entregó información sobre el caso.
No obstante, ese mes se documentó el hallazgo de un feto, de unos seis meses de gestación. Fue abandonado en un terreno baldío aledaño al bulevar Primo de Verdad, rumbo al poblado El Conejo.
Sobre la criminalización de esta práctica, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), precisa que de 2007 a 2016, Durango registró un par de mujeres presas por abortar.
Cabe mencionar que el artículo 148 del Código Penal local establece que “comete el delito de aborto quien provoque la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”.
Las sanciones que se imponen son penas de uno a cinco años de prisión y multa de 72 a 360 Unidades de Medida y Actualización (UMA), si se obra con el consentimiento de la mujer embarazada.
Indica que en caso de ser sin consentimiento de la implicada, el castigo carcelario va de tres a ocho años de prisión y una multa de 288 a 576 veces la UMA.
Aunque Julieta Hernández Camargo, presidenta de la asociación Sí Hay Mujeres en Durango, refirió que uno de los casos que conoce de una mujer encarcelada por abortar, se inscribió como homicidio en razón de parentesco.
De esta manera recibió una condena de 13 años de cárcel en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Durango.
AVANCES EN EL TEMA
La activista rescató que recientemente gracias al trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hay un avance importante en el tema.
La instancia ratificó el derecho que tienen las víctimas de violación sexual a abortar.
Solo es necesario la previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada, de que dicho embarazo es producto de una violación.
Y esto debe realizarse en todos los estados.