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Hasta 20 años por 'outsourcing ilegal'

Hasta 20 años por 'outsourcing ilegal'

Hasta 20 años por 'outsourcing ilegal'

AGENCIAS

El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, advirtió que conforme a la nueva ley las empresas que adquieran servicios derivados de "outsourcing ilegal" podrían ser investigadas y sancionadas hasta con 20 años de cárcel.

Durante la conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el funcionario de Hacienda dijo que con la nueva normatividad se busca erradicar el outsourcing ilegal.

"La reforma va a castigar como delincuencia organizada a las empresas que dan outsourcing ilegal, porque su objeto es no pagar cuotas de seguridad social, Infonavit, entre otros".

"Que quede claro: el que contrate estos servicios corre el riesgo que se inicie una investigación contra él y que pueda ser sancionado hasta con 14 o 20 años de prisión preventiva", advirtió.

Romero Aranda llamó a las empresas que caían en esta práctica o hayan comprando facturas falsas acudan a la autoridad para regularizar su situación fiscal.

¿LEGAL O ILEGAL?

El outsourcing o subcontratación se ha vuelto más popular para las empresas, pues ha proporcionado una forma para que los fundadores y empresarios deleguen sus tareas de reclutamiento a un tercero.

Las empresas subcontratistas o de outsourcing brindan servicios a empresas para contratar personal que trabaje dentro o fuera de la empresa que lo contrate.

¿QUÉ ES EL OUTSOURCING LEGAL?

Es un servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades no propias de la empresa. Este esquema es regulado por los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo.

 ¿QUÉ ES EL OUTSOURCING ILEGAL?

Traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales y/o de seguridad social, lo que afecta gravemente a los trabajadores y a sus familias; fomenta la competencia desleal entre empresas, y merma los ingresos públicos para el financiamiento de la Seguridad Social.

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