Plaza Pública
Espeluzna el poder del narcotráfico, a todas luces creciente no obstante los esfuerzos para frenarlo. Con la detención del ex subprocurador Alejandro Hernández Arjona se evidencia que la asociación de la narcodelincuencia con funcionarios ministeriales de Morelos ascendía a niveles superiores al del coordinador de la policía, Agustín Montiel.
Y crece la posibilidad de que el perverso vínculo no se estacione en esa escala.
El 24 ó 25 de junio de 2002 fue asesinado un narcotraficante, Benjamín Gómez González, apodado El Chino. Según la Procuraduría General de la República, que ahora detuvo e hizo internar en La Palma a Hernández Arjona, éste y cuatro agentes policiacos más (que dependían de Montiel y del entonces subprocurador de la zona metropolitana, la de Cuernavaca) proporcionaron las armas con que fue realizado el ajuste de cuentas, pues El Chino fue ultimado por no pagar a quienes lo surtían de droga, algo imperdonable en ese oscuro comercio, pues si la gente no cumple honorablemente sus compromisos, a dónde vamos a dar.
Se sabía desde poco después del homicidio que Hernández Arjona estaba probablemente involucrado en el suceso. Es que desde el teléfono móvil del asesino se llamó diez veces al Subprocurador, entre el 27 y el 29 de junio, acaso para informar que la misión estaba cumplida. En enero siguiente se dio amplia difusión a esa circunstancia, conocida por el gobernador Sergio Estrada Cajigal, que la desechó también de manera pública y expedita. ¿Qué explicaciones dará hoy a su desdeñosa conducta de entonces? Si alguna ofrece, tendrá que extenderla también al procurador Guillermo Tenorio, que en los mismos días, entre el 23 y el 29 de junio, recibió diez llamadas desde el mismo teléfono, el que manejaba Marco Enrique Yépez, alias El Jarocho, que reconoció haber dado muerte a El Chino. No hay que fiarse de sus declaraciones, pues son contradictorias y aun encontradas entre sí. Pero es posible en cambio conceder crédito pleno a los registros de llamados telefónicos, una muy útil herramienta de investigación, quizá empleada para configurar la responsabilidad de Hernández Arjona.
El poderío del narcotráfico en Morelos, ni siquiera medido sino vislumbrado apenas por la detención y procesamiento de altos funcionarios --y, contrario sensu, también por la exclusión de otros de semejante destino--, adquiere manifestaciones cada vez más riesgosas dondequiera se vuelva la mirada. Un delincuente cercano a Juan José Esparragoza Moreno, El Azul --que con su compadre Amado Carrillo fue generador y beneficiario de las manifestaciones actuales de la corrupción morelense--, estuvo a punto de ser liberado en una maniobra delictiva, combinación de fuerza y simulación. O tal vez valdría decir asimilación.
Ramón Tostado Félix era el lugarteniente de Esparragoza Moreno. Estaba detenido hasta el martes pasado en Querétaro pero se le trasladó ese día a Guanajuato. Sabedores quién sabe cómo de la operación, veinte integrantes de un comando armado, a bordo de tres vehículos, intentaron rescatarlo de manos de la autoridad. Los asaltantes del convoy oficial que conducía a Tostado vestían uniformes de la Agencia Federal de Investigación y pretendían ser miembros de ese FBI mexicano (que dentro de algunos meses pasará a depender de la futura Secretaría del Interior, acaso a las órdenes de Alejandro Gertz Manero). La Policía Judicial queretana que custodiaba al colaborador de El Azul no tragó el anzuelo, y se produjo un enfrentamiento en que los rescatadores fueron derrotados y frustrado su propósito. Aunque doce atacantes huyeron, ocho están ya bajo el control federal, en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada. Además de los tres vehículos en que intentaron el rescate, fueron decomisados a los pistoleros un pequeño arsenal (siete armas largas y dos cortas) y bolsas de plástico con polvo blanco, quién sabe si sólo dosis para su consumo personal o mercancía en venta.
Fue exitosa, en cambio, la operación en la que cinco reos peligrosos fueron rescatados del penal de La Mesa, en Tijuana, por una pareja de pistoleros que apoyaron la fuga, urdida con precisión y aprestos puntuales, que incluyeron hacer llegar armas a los presos que ya no lo están. El principal de ellos es Héctor o Felipe Flores Esquivias, que en 1998 participó en uno de los episodios más cruentos de la guerra entre bandas de narcotraficantes: 19 ó 21 personas fueron acribilladas en el rancho El Rodeo, municipio de Ensenada. Flores Esquivias era pistolero al servicio de los hermanos Arellano Félix, que enviaron a una brigada ejecutora a ultimar a Fermín Castro y los suyos, pues Castro se apoderó de droga que la banda de Tijuana iba a colocar en el mercado norteamericano. Puesto que la pareja armada que esperó a los evadidos sirvió de apoyo a los reos cuando ya estaban en la calle, es obvio que los fugitivos contaron con apoyo interno, de custodios rasos o de personal de mayor jerarquía en el penal, de donde recientemente escaparon ocho reclusos más.
También ha sido exitosa, para el narcotráfico, el ajuste de cuentas (de nuevo, ¡qué lata con gente inescrupulosa que quiere quedarse con lo que no es suyo!) de Ciudad Juárez, que a comienzos de este año significó la muerte de una docena de personas, cuyos cadáveres fueron enterrados en una casa de seguridad. Las fosas fueron descubiertas y detenidos buen número de agentes judiciales de Chihuahua, que participaron en la matanza. Pero sus jefes no han sido hallados.