Comarca Lagunera.- La Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria ?reprobó? a los centros penitenciarios de Coahuila y Durango, luego del diagnóstico elaborado mediante la participación de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Según los resultados dados a conocer por el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, Coahuila tuvo una evaluación de 6.06, ocupando el lugar número 11 de la tabla presentada por la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mientras que Durango se ubicó en el lugar 14 con 5.97 de calificación.
A nivel local se detectó que el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Torreón logró 5.42 y San Pedro 6.33 de calificación, mientras que 5.79 fue la evaluación dada al penal de Gómez Palacio, según consta en los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
Soberanes Fernández puntualizó que esa herramienta proporcionará a las autoridades diversos indicadores que contribuyan a la mejor toma de decisiones en materia de readaptación social, y que tiene como objetivo mejorar el trabajo de los organismos locales.
Para obtener tales resultados, se aplicaron las guías en 191 centros de internamiento localizados en sus respectivas entidades, cifra que representa el 76 por ciento de la totalidad de los Ceresos que existen en nuestro país.
La CNDH recibió información de 28 organismos públicos de protección a Derechos Humanos, entre ellos Coahuila y Durango. Los resultados se capturaron en una base de datos y se articularon de tal forma, que permitieran mostrar un diagnóstico donde se refleja la situación que guarda el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario.
Las calificaciones que se consideraron para integrar la base fueron: la correspondiente a cada uno de los siete derechos fundamentales, así como a los 56 indicadores que conforman cada derecho fundamental, las cuales sumadas dan un total de 63 calificaciones por centro penitenciario.
Tales derechos son los relacionados con las garantías de la situación jurídica de los internos, la estancia digna y segura en prisión, la integridad física y moral, el desarrollo de actividades productivas y educativas y la vinculación social del interno.
Así como el mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones y los grupos especiales dentro de instituciones penitenciarias.
El titular de la CNDH expuso que la labor de la comisión al interior de las cárceles no siempre ha podido coordinarse con los organismos locales de protección a derechos humanos. Refirió que anteriormente cada uno llevaba a cabo su propia supervisión, generándose duplicidad de funciones y dificultades en el seguimiento de las irregularidades detectadas.
Ante esa situación, apuntó, la CNDH modificó su estrategia y firmó convenios de colaboración con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos para que supervisen los reclusorios de sus entidades con apoyo de la comisión nacional.