El martes de la semana pasada entró en operación el Registro Público Vehicular, como instrumento de seguridad pública, a diferencia del Registro Nacional de Vehículos, Renave, que fue concebido como parte de la política económica y entregado a la operación privada. Esa decisión se frustró cuando el director del Renave fue detenido por haber tomado parte en la terrible represión que asoló a Argentina en la dictadura militar de 1976 a 1982. Casi al mismo tiempo de que, con modalidades por entero diferentes se renueva el proyecto de que fue protagonista, Ricardo Miguel Cavallo está en espera de ser extraditado a su país natal, desde España. El gobierno que fue este domingo refrendado en las urnas había resuelto días antes, el 29 de febrero, atender el pedido de la justicia argentina para procesar a Cavallo. El gobierno de México, que tenía una palabra que decir en este punto de la trayectoria procesal de Cavallo autorizó el 22 de febrero que su causa fuera trasladada a la República Argentina. Le correspondía esa decisión porque el propio gobierno mexicano había extraditado a Madrid al represor el 29 de junio de 2003, casi tres años después de su peliculesca detención, fruto de una combinación de empeños periodísticos.
Cavallo era un capitán de corbeta al que los mandos castrenses de su país asignaron a la Escuela de Mecánica de la Armada, convertido en centro de reclusión y tortura contra los detenidos que caían en sus celdas por ser considerados subversivos, contrarios al orden cristiano que quiso establecer la junta que usurpó el poder tras derrocar al no también represor gobierno de María Estela Perón, Isabelita, en 1976. La feroz batida militar contra la sociedad argentina –sólo expresada de ese modo la dictadura puede comprenderse que hayan desaparecido treinta mil personas en ese lapso—permitió a militares como Cavallo no sólo torturar con vesania a sus víctimas, sino también planear capturas que dejaban un subproducto deliberadamente buscado. Las personas que eran llevadas a la ESMA perdían sus bienes, que al paso de los años fueron tomados por sus verdugos para remozarse socialmente y emprender una nueva etapa de su vida como respetables empresarios bien pertrechados económicamente con el fruto de su rapiña.Cavallo siguió ese camino en el campo de la informática aplicada al registro de vehículos, localmente en la provincia argentina y luego en países de América Latina. Llegó a México a participar en la licitación del Registro Nacional de Vehículos, que en mala hora el presidente Zedillo había resuelto privatizar no obstante el claro y enorme riesgo de que información de esa índole fuera manejada por particulares. Al cabo de una oscura licitación en que el secretario de Industria y Comercio Herminio Blanco instó a los postores a asociarse, en vez de contender cada uno con su oferta, Talsud, la empresa argentina de Cavallo quedó integrada al consorcio ganador y Cavallo mismo fue designado director de la nueva empresa.Esa circunstancia le vio visibilidad pública en México, y aunque el antiguo capitán había remodelado su rostro, no faltó quien, entre la comunidad de argentinos llegados a México en los años de la dictadura, se preguntara si ese respetable empresario y el feroz Sérpico eran la misma persona. Una investigación de Reforma respondió afirmativamente a esa pregunta, con base en testimonios de algunas de las muchas víctimas del represor. Cuando se le pidió su propia declaración, Cavallo no esperó más. De un día para otro organizó su huida al lugar que en ese entonces –agosto de 2000—era el santuario más seguro para un militar en sus condiciones: su propia patria, pues la legislación emitida por Carlos Saúl Menem le regalaba impunidad.La mañana en que Reforma reveló su identidad, Cavalló respondió un telefonema de José Gutiérrez Vivó que deseaba entrevistarlo al aire sobre su doble personalidad. El respetable empresario negó tenerla pero informó que se dirigía al aeropuerto para viajar a Buenos Aires vía Cancún. Ese lapsus y ese lapso permitió detenerlo en el balneario caribeño. La justicia española lo tenía solicitado para juzgarlo por delitos contra la humanidad y a la postre fue remitido a ese país. Enredos procesales y políticos en la Audiencia Nacional Española retrasaron su juicio hasta que jueces argentinos iniciaron sus propios procesos contra el represor, una vez derogadas las leyes de obediencia debida y punto final, por lo que había concluido la impunidad de que gozaron quienes atentaron contra sus propios compatriotas con mucho menor denuedo del que mostraron cuando debieron enfrentarse con tropas británicas en el loco empeño de recuperar las islas Malvinas. Resolver la extradición de Cavallo a Argentina no significa su inmediata reemisión a ese país. El acuerdo gubernamental dejó en suspenso la entrega “hasta que el reclamado deje extinguidas las responsabilidades contraídas con España”, sin perjuicio de poder entregar al reo temporalmente a los jueces argentinos que lo procesan. La ambigua decisión generó, por su propio carácter, reacciones encontradas. Algunos sectores aplauden la idea que de Cavallo sea encausado por la justicia argentina. Otros temen que eso resulte en su beneficio, pues no se le procesa por genocidio como en España y las sentencias en su contra pueden ser mucho más benévolas que las que estaban ya configuradas en Madrid y que suponían virtual prisión perpetua.
Aquí, mientras tanto, al Renave lo sucede el Repuve.