Tengo miedo. Un asesino anda suelto. Y no es improbable que a lo largo de casi veinte años de prisión haya acumulado rencores que se expresen a balazos, que antes fue el lenguaje con que impuso silencio a Manuel Buendía. Y aunque ciertamente no tiene en su favor el entorno político desde el que actuó en 1984, quizá tenga abiertos los canales de comunicación con el crimen organizado que construyó durante su breve pero productiva estancia al frente de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del gobierno priista a partir de Miguel Alemán.
Primero el Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia penal, y después los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal dejaron en libertad anticipada a José Antonio Zorrilla, sentenciado a 35 años de prisión por el homicidio de Manuel Buendía, el columnista político más importante en la segunda mitad del siglo pasado. Esos desaprensivos miembros de la judicatura federal dejaron salir a un delincuente que sólo había purgado diecinueve años y medio de su condena. Quince años antes de lo dispuesto en su sentencia original Zorrilla está en calle. Al caer en prisión amenazó furioso a quienes urgimos a la justicia a condenarlo. Anunció que se vengaría de los periodistas que insistieron en descubrir al asesino de Buendía y después en que se le castigara de modo ejemplar, cuando quedó establecido que Zorrilla había urdido y ordenado ultimar al periodista.
Buendía, que durante siete años había mantenido su columna Red privada en el más alto nivel de la atención pública, fue asesinado a tiros, por la espalda, la tarde del miércoles 30 de mayo de 1984. Antes que ninguna otra autoridad, Zorrilla llegó al lugar del crimen (Insurgentes centro casi esquina con Hamburgo), procedente de su oficina en la Plaza de la República, a la vera del Monumento a la Revolución. Tras comprobar la muerte del periodista, a quien consideraba su amigo, subió a la oficina del columnista y hurgó en el afamado archivo de don Manuel. Quizá buscaba la evidencia documental de la información que Buendía tenía en su poder e incriminaba al propio Zorrilla y acaso a algunos otros funcionarios del gobierno de De la Madrid.
Por la noche, en la agencia funeraria se mostró consternado, convertido en el principal de los deudos del periodista. Tan conspicua fue su presencia que el nervioso presidente de la República, al que irritaba el trabajo de Buendía, y estaba por lo mismo ansioso de hacer saber que condenaba el crimen (y por ello acudió al sepelio), le encargó la investigación, como si se trata de un agente del Ministerio Público o de la policía judicial. Antes de que se corrigiera el dislate presidencial, Zorrilla tuvo tiempo para generar confusiones y distraer a todos de su central participación en el homicidio, que sólo después supimos que había planeado y ordenado ejecutar a subordinados suyos de la DFS.
Puesta la indagación en la deficiente Procuraduría del DF. Zorrilla fue por unos meses más director federal de Seguridad, cargo al que había llegado en 1982 de la mano del capitán Fernando Gutiérrez Barrios, de quien había sido secretario particular. Antes y después de su trabajo al lado de quien sería secretario de Gobernación con Carlos Salinas, Zorrilla había hecho político en su Hidalgo natal. Llegó a ser secretario de Gobierno y diputado federal. Al comenzar 1985, sea que deseara readquirir el fuero que da el Poder Legislativo ante los hechos que había protagonizado, o como resultado de un arreglo con sus superiores, para quitarle el mando de una policía política que como nunca hedía a corrupción, fue de nuevo candidato a representar a Pachuca en la Cámara. Pero se advirtió el enorme riesgo de que sus andanzas quedaran al descubierto y en un acto insólito se le despojó de la candidatura, en marzo de 1985. Se le concedió la gracia de desaparecer, de ponerse fuera del alcance de la procuración de justicia, que simulaba buscar al homicida de Buendía pero que al mismo tiempo era constantemente urgida por un grupo de periodistas y los deudos de Buendía, especialmente su hermano Ángel, para que produjera resultados.
Creada por la presión profesional y familiar una fiscalía especial para resolver ese crimen, su titular Miguel Ángel García Domínguez (que después presidió el Supremo Tribunal de Guanajuato, fue ministro de la Suprema Corte y diputado federal) logró atravesar la espesura de falsas investigaciones y determinar que Zorrilla Pérez era el autor intelectual del crimen y había organizado a sus subordinados Juventino Prado Hurtado, Rafael Pérez Carmona, Rafael Ávila Moro y Sofía Naya para cometerlo.
Zorrilla Pérez había vuelto a México y en junio de 1989 el procurador Ignacio Morales Lechuga lo aprehendió en su domicilio de las Lomas de Chapultepec. Inició una intensa y costosa batalla jurídica que no impidió que fuera condenado como autor intelectual de la muerte de Buendía. Por eso es lícito, y corresponde con la verdad probada, llamarlo homicida.
Como director de la policía política, Zorrilla Pérez ultimó a Buendía en ejercicio de su cargo o al margen de él, en su propio provecho. En cualquiera de las dos posibilidades actuó desde el poder, haciéndose obedecer por sus subordinados. Esas circunstancias agravaron el delito que cometió, por lo que debió negársele la libertad anticipada, como lo hizo el jefe del gobierno del DF hace 5 años, resolución que fue revocada por jueces romos que no advierten las consecuencias de sus actos.