"En lugar de solicitar la desaparición de poderes en Guerrero, mejor hay que pedir que aparezcan."
Roy Miranda
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala el pasado 26 y 27 de septiembre no puede calificarse de crimen de Estado, como algunos han afirmado. Se trata más bien de un crimen de falta de Estado.
Un crimen de Estado sería aquel en que el Estado en su conjunto --un concepto mucho más amplio que el de gobierno-- planea y ordena la comisión de un crimen grave. En un crimen de Estado suelen participar desde el jefe del ejecutivo hasta gobernantes locales con la connivencia de tribunales, órganos legislativos y otras instituciones. No es nada más un delito cometido por un funcionario público. El exterminio de judíos en la Alemania nazi es un ejemplo de crimen de Estado, al igual que el encarcelamiento y muerte de disidentes en la Unión Soviética de Stalin, en la China de Mao o en los campos de reeducación de los jmer rouge de Camboya o Kampuchea.
En el secuestro y presunto homicidio de 43 normalistas de Ayotzinapa es cierto que el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la detención de los normalistas que el 26 de septiembre habían secuestrado tres autobuses interurbanos y que la policía de Iguala disparó contra ellos causando varios muertos. Después la policía secuestró a algunos para entregarlos a la policía municipal de Cocula, que a su vez los entregó a Guerreros Unidos, un grupo del crimen organizado que los ejecutó. No hay indicios de que hayan participado en el crimen ni el gobierno del estado, ni el federal, ni los tribunales, ni el poder legislativo local o federal.
Lo que ocurrió en Iguala es un crimen execrable, un homicidio múltiple precedido al parecer de tortura, que debe ser investigado y sancionado severamente. Pero si a esto le llamamos un crimen de Estado, tendremos que inventar otro término para referirnos a un verdadero crimen cometido por el Estado.
La información disponible hasta este momento nos habla más bien de un crimen de falta de Estado. El gobierno estatal y el federal han fallado en la responsabilidad fundamental de garantizar la seguridad y la aplicación de la ley en Guerrero. Y el problema no se circunscribe a los hechos del 26 y el 27 de septiembre.
En esa fecha hubo un excesivo uso de la fuerza para combatir un delito como el robo de autobuses por parte de los normalistas. Hay también un secuestro masivo de jóvenes con presunción de homicidio. Pero la ausencia del estado de derecho es mucho más generalizada. Las numerosas fosas clandestinas que se han encontrado en las inmediaciones de Iguala en la búsqueda de los normalistas desaparecidos son señal de que el homicidio se ha vuelto una ocurrencia cotidiana en el estado.
En 2013 Guerrero tuvo el mayor índice de homicidios dolosos del país, 63 por cada 100 mil habitantes, según el Inegi, tres veces más que una media nacional de 19. Acapulco es también el municipio con mayor número de secuestros en México, 135 entre diciembre de 2012 y septiembre de 2014 según la organización Alto al Secuestro. Bandas del crimen organizado como Guerreros Unidos, una escisión de los Beltrán Leyva, operan con absoluta impunidad en la entidad. El hecho de que quienes protestan por los crímenes contra los normalistas, como la CETEG o los mismos normalistas, violen también la ley al tomar casetas de peaje, secuestrar autobuses o robar mercancía de vehículos de reparto, ratifica la falta de capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.
Dudo que el gobierno de Guerrero tenga la capacidad para decidir y cometer un crimen de Estado. Tampoco veo qué beneficio podría obtener de él. Su pecado es más bien de ausencia o de incapacidad. Estamos viendo en Guerrero muchos crímenes de falta de Estado.
PADRE SOLALINDE
El padre Alejandro Solalinde, que ha hecho un gran esfuerzo en la defensa de los migrantes, afirma que algunos testigos le han relatado que los normalistas desaparecidos fueron ejecutados y al parecer quemados vivos. Son declaraciones que en este momento no se pueden soslayar.
Twitter: @SergioSarmiento