La Cámara de Diputados recibió de la Secretaría de Gobernación el informe que envió Juan E. Méndez, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre tortura, tratos inhumanos o degradantes y penas crueles, integrado luego de su visita a México.
En un comunicado, el órgano legislativo explicó que de conformidad con el estándar de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se busca que las legislaciones federales y estatales prevean todas las obligaciones y garantías que derivan de la prohibición absoluta de la tortura.
Entre ellas está investigar, procesar y sancionar en forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito y la reparación de las víctimas.
El texto, remitido a la Comisión de Derechos Humanos, precisa que la impunidad de la tortura y los malos tratos son alicientes para su repetición y agravamiento, por lo que el Estado debe arbitrar medios para investigar, sancionar y castigar debidamente esos actos.
Entre otros puntos, el informe del relator especial de la ONU propone retirar de las calles a las Fuerzas Armadas de labores relacionadas con seguridad pública y restringir su participación a operaciones de apoyo, con supervisión de órganos judiciales civiles.
Asimismo, eliminar el arraigo, figuras similares en los ámbitos federal o estatal; prescindir los supuestos de prisión preventiva oficiosa en la Constitución y legislación.
Recomienda aprobar legislaciones federales y estatales para garantizar el control judicial sobre la ejecución de las penas, incluyendo medidas cautelares, prisión preventiva, condiciones de detención y sanciones disciplinarias.
También, reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de tortura, presuntamente cometidos por un militar contra otro, también sea de competencia de las autoridades civiles.
Propone restricciones a instancias de detención sin orden judicial a los casos propios de flagrancia; que todas las instancias donde se comete tortura y malos tratos sean investigadas; se atestigüen indagatorias imparciales, independientes y exhaustivas, y que los responsables sean procesados y castigados de manera administrativa y penal.
Las recomendaciones incluyen reducir el hacinamiento carcelario; restringir el uso de la prisión preventiva como medida excepcional y respetar su plazo máximo legal; así como aumentar el uso de medidas alternativas de prisión.
El informe llama, igualmente, a garantizar recursos financieros y humanos para mejorar las condiciones de detención, incluyendo calidad y cantidad de la comida, condiciones de salubridad y acceso a oportunidades laborales, recreativas y educativas.