'Que no se castigue robo por hambre'

No se puede estar a favor de la delincuencia, pero hay casos de personas que deciden apoderarse de lo ajeno, para atender el hambre o la enfermedad propios o de sus familiares. Con ellos la justicia podría ser flexible.

El diputado Felipe de Jesús Enríquez Herrera, propone introducir en el Código Penal del Estado el denominado "robo famélico o por necesidad urgente".

Esto al considerar que no puede castigarse igual a quien roba alimento, medicina o ropa sin violencia o engaño por una sola ocasión y demostrando una necesidad urgente que atender, de las personas que roban por otros motivos.

Refirió que este es un delito ya considerado en el ámbito federal y que debería de existir en la legislación penal del estado de Durango.

"Con la mitad de la población en situación de pobreza, debe sorprendernos la resistencia de miles de mexicanos sumidos en una situación lacerante y que no existan explosiones sociales ni saqueos masivos", advirtió.

Enríquez Herrera, mencionó que las normas jurídicas y la conservación del orden social obligan a impedir por todos los medios posibles los delitos patrimoniales, particularmente el robo.

Entre tanto, hay una evidente desigualdad social, mientras que por la televisión, diariamente la gente sin recursos pueda apetecer todas las mercancías que sólo unos cuantos pueden comprar.

Los artículos del 194 al 201 bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, regulan el delito de robo, lo definen y establecen sanciones penales para cada una de las conductas perpetradas por quienes lo cometen.

Por otro lado, el Código Penal Federal tipifica el delito famélico, señalando textualmente:

"Artículo 379.- No se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento".

En este sentido, el diputado local consideró necesario que el Código Penal Estatal también contemple ese tipo de delito, teniendo en cuenta que la Legislación local no puede sustraerse al orden jurídico nacional y a la realidad que vive la población en Durango.