Ahora sí -dijo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. En julio, el gobierno federal va a anunciar la licitación para la explotación de campos petroleros que contienen gas y petróleo tipo shale conocidos como recursos no convencionales. "La estabilidad del precio del petróleo en el mercado internacional hace posible que ahora sí podamos licitar estos campos", declaró el 8 de junio durante el Congreso Mexicano del Petróleo 2017.
Como se recordará, en la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto situó al gas natural -también conocido como gas de esquisto o shale- como pieza central para la transición hacia fuentes de energía pretendidamente más limpias y sustentables. En ese contexto, el Ejecutivo lanzó su iniciativa para una reforma energética en la cual planteó una mayor participación del capital privado en el sector y se abrió la puerta a la explotación de este gas a través de la técnica de fractura hidráulica o fracking.
El fracking implica la perforación de pozos verticales de hasta 5 kilómetros. Al hallarse la capa de esquisto se inyecta una mezcla de agua, arena y fluidos químicos a alta presión para hacer estallar la capa y así permitir la liberación del gas y otros hidrocarburos encapsulados.
Las consecuencias de esta técnica, según la Alianza Mexicana contra el Fracking, son múltiples: disminuye la disponibilidad de agua dulce en la zona, pues se tienen que inyectar hasta 26 millones de litros por cada pozo perforado; acarrea problemas para la salud humana y el medio ambiente, pues se mezclan más de 750 sustancias químicas altamente nocivas, entre ellas algunas radioactivas, cancerígenas y mutagenéticas que contaminan mantos freáticos, pozos y aguas superficiales. Se ha comprobado también que se registra actividad sísmica en lugares donde no existía, además de que se acelera el cambio climático, pues esta "alternativa limpia" implica la liberación de gas metano al aire.
Un elemento negativo más es que esta técnica promueve el despojo del territorio, pues para que la extracción sea redituable se requiere perforar miles de pozos en grandes extensiones de territorios, muchas veces ocupados para la producción y reproducción del modo de vida ejidal, indígena y campesino.
Las principales provincias petroleras en las que se estima existe este tipo de hidrocarburos abarcan territorios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas -estados con escasez hídrica y sobreexplotación de acuíferos-, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla.
Pemex declaró en 2015, a solicitud de información, que en México operan al menos 924 pozos perforados desde 2003. Veracruz sería el estado con más de ellos, 349, seguido por Puebla, 233, Nuevo León 182, Tamaulipas 100, Coahuila 47, y Tabasco 13. Según el estudio de Cartocrítica "Fracking en México", la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos mencionan en un documento de 2010 que tan sólo en la zona del Paleocanal de Chicontepec, entre Veracruz y el norte de Puebla, hay 1 mil 323 pozos de fracking.
Dos días antes de la declaración del secretario de Energía, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C. presentó su "Anuario 2016. Las actividades extractivas en México: estado actual", que revela, como ejemplo, la existencia de 14 pozos exploratorios de estos hidrocarburos en Coahuila desde el año 2010: Emergente 1, Nómada 1, Percutor 1, Habano 1 y Habano 21, en los municipios de Hidalgo, Guerrero, Nava y Progreso, y da a conocer las empresas subcontratadas por Pemex Exploración y Producción para esta actividad, como Schlumberger, Halliburton, Weatherford y otras.
Más pozos exploratorios en los municipios Hidalgo, Guerrero, Piedras Negras, Ocampo y Progreso, Coahuila, son Habano 71, Chucla 1, Gamma 1, Habano 2, Navajo 1, Expreso 1, Burbuja 1 y Prospector 1; algunos del 2012 y 2013, aún sin reforma energética.
Tras la declaración de Pedro Joaquín Coldwell, políticos, empresarios privados mexicanos y transnacionales se frotan las manos ante las posibilidades de hacer pingües negocios.
FUNDAR alerta en su Anuario que, dadas sus implicaciones y potenciales impactos negativos, es clave que la sociedad y las comunidades conozcan los planes del gobierno y puedan de esta manera establecer acciones y estrategias para evitar el avance de los proyectos de fractura hidráulica en los territorios y logren su prohibición a nivel nacional.
@kardenche