Gobierno garantiza derecho al agua a pueblos indígenas de Oaxaca

El Gobierno de México garantiza el derecho al agua a pueblos indígenas de Valles Centrales de Oaxaca, mediante un convenio de coadministración del vital líquido y corresponsabilidad para la recuperación del acuífero, informó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Con ello, se generará un marco jurídico que garantice los derechos territoriales de los pueblos y las atribuciones del Estado sobre el acuífero y las decisiones se adoptarán de común acuerdo, entre las comunidades e instancias federales en el marco de la Consulta y el Consentimiento libre, previo e informado, se detalló en un comunicado.

El titular del INPI, Adelfo Regino Montes, así como de representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y de la delegada estatal de los Programas para el Desarrollo de Oaxaca, se reunieron con autoridades municipales, agrarias e integrantes de la Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) para reiniciar el proceso de Consulta y Consentimiento libre, previo e informado, ordenado por la Primera Sala Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En el encuentro, en la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, en Oaxaca, se presentó la hoja de ruta que se seguirá para alcanzar los consensos necesarios que permitan resolver la problemática del uso y disfrute del agua del subsuelo, así como la sanidad del acuífero.

Además se informó que para la solución integral se perfila un acuerdo de administración conjunta del acuífero entre el Estado y las comunidades zapotecas que contemple la corresponsabilidad en su cuidado y saneamiento, reconociendo los trabajos de siembra de agua de la Copuda.

También se analizará la disponibilidad de dicho recurso y un nuevo decreto para la región de Valles Centrales de Oaxaca, en el que se establezca una zona reglamentada. En el nuevo decreto se contemplará el derecho de las comunidades de establecer su propia reglamentación comunitaria para el uso y aprovechamiento del agua en ejercicio de su derecho de libre determinación y autonomía.

Durante su intervención el director general del INPI expresó que con esas propuestas se da muestra concreta de la voluntad del nuevo gobierno de la República de respetar los derechos fundamentales de los pueblos y de establecer con ellos una relación horizontal.

"Este ejercicio tendrá como resultado un marco jurídico inédito en el país, pues no existe precedente de un convenio entre los pueblos y el Estado para asumir de manera conjunta la responsabilidad sobre el aprovechamiento y cuidado de los recurso naturales", acotó.

Adelfo Regino dijo que se va a revisar el decreto de veda que se expidió en 1967, "prueba de la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nos ha instruido a las y los servidores públicos a que con acciones se acrediten los derechos indígenas". También destacó el trabajo realizado por la Copuda de recuperar el agua del subsuelo y contribuir a mejorar el acuífero.

En tanto, la subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, Katya Puga, manifestó la disposiciòn de esta dependencia para acompañar el proceso, dialogar y tomar decisiones conjuntas en diversos proyectos de reforestación y cuidado del medio ambiente, y abundó que el nuevo decreto deberá surgir del consenso de las comunidades, para lo cual se requiere reconstruir la confianza que permita lograr acuerdos satisfactorios.

En su oportunidad, el presidente del consejo directivo de la Copuda, Ángel Ruiz, y otros integrantes, expresaron su esperanza de ver solucionado el problema que han planteado desde hace años; además señalaron que en sus comunidades tienen amplia experiencia en el uso y aprovechamiento del agua.

En el acto, se acordó desahogar las mesas de diálogo en los próximos días, asimismo, se convocará a la fase final del proceso de consulta en la que, previo consenso de las partes, se suscribirán los acuerdos correspondientes.

El decreto de veda se estableció en 1967 y la primera Sala Metropolitana de Justicia Fiscal y Administrativa de la ciudad de México estableció que dicho decreto se emitió sin considerar los derechos territoriales de las comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca, por lo que ordenó realizar un proceso de consulta, libre, previo e informado para armonizar los derechos territoriales con las obligaciones y atribuciones del Estado respecto de las aguas del subsuelo.