Juez y parte
Cómo diseñar un sistema de pesos y contrapesos efectivo fue una de las principales preocupaciones de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Evitar la concentración de poder otorgando facultades al legislativo y judicial de manera que pudieran funcionar como contrapesos al ejecutivo una vía para evitar un régimen despótico en ese país.
En México, la lucha para separar la protección de derechos humanos de la esfera del ejecutivo duró décadas, precisamente el período que el Presidente de la República llama neoliberal.
La necesidad de contar con una institución autónoma que defendiera los derechos humanos en su ámbito más elemental, que es el derecho a la vida, se debió a las constantes violaciones que cometieron fuerzas del estado, tanto a nivel nacional como en diversos estados de la república. Este contexto de protesta social fue el catalizador para que surgiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las protestas sociales por el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, que muchos consideraron fraudulento, fueron el catalizador para contar con un organismo autónomo que organizara elecciones, independiente de la esfera del ejecutivo, que las organizaba mediante la Secretaría de Gobernación.
Los organismos constitucionales autónomos que obligan al ejecutivo a cumplir con las disposiciones constitucionales, con la finalidad de proteger derechos humanos en distintos ámbitos. Estos cambios tienen como hilo conductor la creación de contrapesos a las decisiones que pudiera tomar un poder, sin consultar a los demás, por eso muchas de las asignaciones de éstos órganos se diseñaron para que el Senado de la República fuera quien, por mayoría calificada, se pronunciara por los nombramientos.
La elección de 2018 dio un amplio mandato al Presidente de la República para cambiar leyes con la mayoría legislativa que tiene, y quedó a muy pocos votos de contar con mayoría calificada en el Senado, lo que le permitiría cambiar la Constitución, pero esos votos que le faltan en la Cámara Alta le han obligado a negociar con la oposición las iniciativas de Reforma Constitucional que ha propuesto en este año y medio que llevamos de gobierno.
En los últimos días, hemos sido testigo de pulsiones autoritarias por parte del Presidente de la República al demandar, en medio de una coyuntura mediática, que se elimine el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred), organismo sectorizado a la Secretaría de Gobernación, pero con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de independencia técnica para emitir resoluciones derivados de los procedimientos de quejas.
El Presidente ha dicho ya que planean desaparecer 100 organismos autónomos. Lamentablemente en la discusión también se mencionan el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pilares de la protección de derechos humanos en nuestro país y que fueron un producto de décadas de lucha.
Los organismos constitucionales autónomos evitan que, por medio de su estructura administrativa, el Ejecutivo se convierta en juez y parte en la comisión de delitos que vulneran derechos humanos y al mismo tiempo otro organismo del ejecutivo la investigue.
Lamentablemente seguimos en una etapa de contagios y le pedimos, estimado lector, que siga extremando precauciones y evitando salir de casa; si le es posible permanecer un tiempo más sin salir y evitando exponerse al coronavirus. Si sale a trabajar, haga caso de las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud y laborales, extreme precauciones en su centro de trabajo. Evite ponerse en riesgo a usted y su familia.
Twitter: @jesusmenav