Inversión privada, clave en proyectos de infraestructura de la 4T

Renuente a reconocer la importancia del capital privado, el Gobierno federal depende de la iniciativa privada para desarrollar nueva infraestructura social, de electricidad, transporte, agua y medio ambiente, turismo e hidrocarburos. De acuerdo con el padrón de los nuevos 70 proyectos que la Cuarta Transformación busca detonar a corto y mediano plazos, los cuales están en etapa de preinversión (bajo estudio y en evaluación para determinar su viabilidad económica-financiera), todos, sin excepción, requerirán fondeo del sector privado.

Según el sitio Proyectos México, cinco más están en licitación y necesitan inversión privada. Hay otras 121 obras que están en ejecución y que han requerido recursos adicionales a los presupuestales, y una se pospuso. En total, son 197 proyectos que están en diferentes etapas y que dependen del capital privado.

George Baker, analista del sector energético y presidente de la firma consultora Energia.com, con sede en Houston, Texas, consideró que el capital privado en proyectos de infraestructura debe ser de suma importancia para el gobierno, ante los problemas que significan los limitados recursos presupuestales. Para financiar los grandes proyectos, consideró que "no hay dinero público que alcance".

De las 70 obras y proyectos que están en etapa de preinversión, 57 cuentan con una primera evaluación de la inversión que requerirán, recursos que podrían salir del bolsillo de los hombres de negocios por un monto que hasta ahora asciende a 139 mil 541 millones de pesos. Tres de los cinco que están en licitación demandan inversiones por 3 mil 709 millones.

Algunos de estos nuevos proyectos forman parte del paquete de obras consideradas dentro del Plan de Infraestructura anunciado por el gobierno en conjunto con la iniciativa privada el 5 de octubre del año pasado. El entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, reconoció durante ese evento: "La inversión privada es la esperanza para salir de la crisis, porque representa 87 % del total de la inversión en el país. La inversión privada nacional es vital para el crecimiento y bienestar".

Los 121 proyectos que están en ejecución detonaron inversiones cercanas a 3 billones 629 mil 652 millones de pesos desde 2014 (uno de ellos está registrado desde 2010) y están incorporados a la plataforma Proyectos México, dependiente de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En este paquete se incluyen las rondas de licitación de áreas contractuales petroleras, las subastas eléctricas de largo plazo (eólicas y solares) y obras relativas a la movilidad urbana, transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos, turismo, carreteras, abastecimiento de agua y salud, entre los principales rubros.

La lista excluye las magnas obras del sexenio: el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas.

VARIEDAD DE ESQUEMAS

Para desarrollar las obras nuevas en cartera, el gobierno federal trabaja en al menos cuatro esquemas financieros para atraer capital privado: asociaciones público-privadas (APP), obra pública financiada (OPF), prestación de servicios y concesiones. El esquema APP involucra inversión de largo plazo y utiliza infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.

El costo de la inversión y la prestación de los servicios pactados se cubren mediante la contraprestación que debe saldar el sector público a través de pagos multianuales al inversionista privado, junto con las cuotas o tarifas que se determine deben cubrir los usuarios o beneficiarios.

En la modalidad de obra pública financiada, la ejecución de los trabajos se encomienda a empresas privadas, previa licitación pública. Las firmas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas.

Las obligaciones derivadas de la contratación de las obras se registran en cuentas de orden durante la construcción. Al concluir dicho periodo, y una vez que los activos son recibidos a satisfacción de las entidades, las obligaciones de pago correspondientes al vencimiento del ejercicio corriente y el que le sigue se consideran como pasivo directo del sector público, el resto se registra como pasivo contingente.

Las erogaciones de recursos federales necesarias para hacer frente a esas obligaciones se realizan con el flujo de recursos que los mismos proyectos generan. En el caso del contrato de prestación de servicios, la entidad pública se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un precio. El pago del contrato es dirigido al cumplimiento de metas, horas, objetivos, proyectos. Por último, el régimen de concesiones se utiliza para obras de uso comercial, público, privado y social, las cuales se otorgan mediante licitación pública.

INCERTIDUMBRE LEGAL

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene registrados 38 proyectos que incluyen subestaciones, líneas de transmisión, compensaciones, bancos de transformación y reactores trifásicos. De ellos, 26 ya disponen de información sobre los montos de inversión que requerirán y que serán licitados utilizando el esquema de obra pública financiada (conocido también como Pidiregas) por un total de 5 mil 875 millones de pesos.

Algunos de estos planes son adicionales a los que anunció en octubre el gobierno como parte del Plan de Infraestructura, en el que se incluyeron 39 proyectos (siete de ellos ya en ejecución) que representan una inversión de 297 mil 344 millones de pesos. Entre ellos están la Terminal de Etano de Pajaritos, que se desarrollará mediante una alianza estratégica de Pemex, al igual que la planta de Fertilizantes Camargo, la instalación de una coquizadora en la refinería de Tula y la Unidad de Licuefacción en Salina Cruz.

George Baker consideró que los cambios en las políticas para el sector energético impulsados por el Ejecutivo federal están teniendo un efecto que inhibe la inversión privada, al generarse incertidumbre jurídica. En ese caso se encuentran las iniciativas para reformar las leyes de la industria eléctrica y de hidrocarburos, mencionó.

En esas condiciones, explicó Baker, la inversión privada no tiene ni el marco legal ni las condiciones necesarias para apostar a los proyectos de infraestructura que busca impulsar el gobierno durante los próximos años. A su vez, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) dijo que uno de los vehículos para asegurar la soberanía energética y el abasto de hidrocarburos en beneficio de la sociedad "es la participación del sector privado nacional e internacional", mediante los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos de los que el Estado mexicano es socio.

El organismo que aglutina a las principales empresas petroleras, como BHP, BP, Chevron, ExxonMobil, Repsol, Total y Lukoil, recordó que a la fecha el sector privado ha invertido 16 mil millones de dólares y existen aprobaciones por más de 41 mil millones de dólares en planes admitidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Consideró que para proteger la inversión comprometida en México y para que se obtenga el máximo beneficio de la actividad petrole ra, son fundamentales el respeto al Estado de derecho y un marco jurídico estable.

PLANES PRIORITARIOS

De acuerdo con el portal Proyectos México, de los nuevos planes en etapa de preinversión en cartera destacan por los montos de inversión requerida el Sistema de Transporte Ligero Urbano Turístico de la Ciudad de Cancún, que será construido utilizando el esquema financiero APP, con una inversión de 32 mil 900 millones de pesos y que será licitado tentativamente en el primer semestre de este año.

Figura el corredor Ferroviario García-Aeropuerto Internacional de Monterrey, en donde se empleará también el esquema APP, con una inversión prevista en 19 mil 811 millones de pesos y todavía sin fecha de licitación. Otra obra relevante es la Autopista Interserrana Conexión de la Carretera Matehuala-Saltillo con la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a construirse también bajo la modalidad APP con una inversión estimada de 19 mil millones de pesos, y también sin fecha de licitación definida.

El gasoducto Jáltipan-Salina Cruz, que forma parte del corredor interoceánico que será concesionado y que demanda inversiones por 14 mil 210 millones de pesos. La fecha de la licitación está pendiente. También sobresale el proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en la Zona Metropolitana de Monterrey a desarrollar mediante el esquema APP, con una inversión de 10 mil 153 millones de pesos y con fecha de licitación por definir.