Morir embarazada en la pandemia de COVID-19

La tarde del 10 de septiembre de 2020, Neydi Araceli Tzab Tuk, una mujer de 24 años con 36 semanas de embarazo, comenzó a convulsionarse en su casa en X-Pichil, en la zona maya de Quintana Roo. Un día después, murió intubada en el Hospital General de Playa del Carmen, a unas tres horas de su comunidad, sin que sus padres pudieran llevarse su cuerpo ni el de su nieta.

Neydi Araceli no había tenido ningún síntoma de "la enfermedad", como llaman sus padres al coronavirus. Tampoco ellos, su yerno o su nieto de dos años, a pesar de vivir todos juntos.

Cuando Aurelia Tuk Dzul e Isabel Tzab Dzul llegaron el 11 de septiembre al hospital, después de 200 kilómetros de viaje, pensaban que a su hija la estaban atendiendo desde la madrugada de una emergencia obstétrica, pero llevaba dos horas muerta.

Según su acta de defunción, sufrió una eclampsia (convulsión en el embarazo) 22 horas antes de su muerte; seis horas previas ocurrió la muerte fetal; finalmente, un choque séptico.

En el apartado de "otros estados patológicos" del documento se lee: "Caso sospechoso COVID". Neydi Araceli Tzab fue una de las 934 mujeres que murieron el año pasado en el embarazo, durante o después del parto en México, según la Dirección General de Epidemiología.

En 2020, la mortalidad materna (la relación entre las muertes de madres y los nacidos vivos por cada 100 mil nacimientos) aumentó 46 %, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna, lo que significó volver a los niveles de hace una década. En las primeras cuatro semanas de 2021, el problema ha seguido en aumento: 111 muertes, un 105 % más que en enero pasado.

Hilda Argüello, secretaria técnica del observatorio, dice que ese era "un problema prepandemia", pero desde mayo del año pasado, los números empezaron a subir, principalmente por el COVID-19 y enfermedades respiratorias.

Ese mes estos padecimientos fueron la causa de uno de cada cinco fallecimientos, y al finalizar el año, de tres de cada 10. En Quintana Roo, donde murieron 22 mujeres, la mortalidad materna en el segundo semestre del año pasado llegó hasta casi el doble de la cifra nacional: 85.9.

Neydi Araceli Tzab supo que estaba embarazada en abril y calculó que tenía tres meses. En el Centro de Salud Rural de X-Pichil, delegación de 2,600 habitantes en Felipe Carrillo Puerto, la enviaron al hospital de la cabecera municipal, el más cercano, a 40 kilómetros, una hora y media de camino.

Pero por la emergencia sanitaria no había consultas ginecológicas. Le pidieron que se realizara los análisis en un laboratorio privado. Como la familia no tenía dinero para los estudios, Tzab regresó a su pueblo y no tuvo seguimiento de su embarazo.

En México, según datos de la Secretaría de Salud, las consultas prenatales se redujeron a la mitad durante los primeros meses de la pandemia.

Aurelia Tuk recuerda que, durante el primer embarazo, dos años atrás, a su hija se le hincharon las manos y los pies, un signo habitual de preeclampsia, una hipertensión que puede derivar en convulsiones y la muerte de la madre y el feto, como finalmente le ocurrió a Neydi cuando esperaba su segundo hijo.

Así pasó todo su embarazo sin ningún signo de preocupación, hasta que el 10 de septiembre empezaron las convulsiones.

La familia llamó a una ambulancia para ir al hospital de Carrillo Puerto después de que en el centro de salud comunitario no supieron diagnosticarla. Nunca llegó. Tardaron horas en conseguir un taxi. Cuando la vieron en el hospital habían pasado 12 horas desde su primera convulsión.

"No nos dijeron qué tenía, solo que no la podían atender, que lo que necesitaba estaba en Chetumal o Playa del Carmen y tenían que llevarla rápido", dice su madre en maya, traducida por Leydi Ruiz Pat, delegada de X-Pichil.

Neydi Araceli Tzab fue trasladada en la madrugada del 11 de septiembre a Playa del Carmen, esta vez sí en una ambulancia, acompañada de su marido.

Al llegar, le practicaron una cesárea de urgencia. La bebé estaba muerta. Horas más tarde, Tzab sería intubada y moriría, sin que nadie informara a su esposo.

Fue hasta que sus padres llegaron al hospital y se acercaron a entregar documentos del Seguro Popular, que les dijeron que su hija también murió y no les podían entregar los cuerpos, debido a la sospecha de COVID-19.

Ni a Neydi Araceli Tzab ni a ninguno de sus familiares se les realizó una prueba. Aurelia no habla español e Isabel solo sabe unas palabras, por lo que apenas entendían la situación. Sin poder trasladar el cuerpo o pagar por un servicio funerario, se resignaron a cremar a su hija y a su bebé.

DÉFICIT DE PERSONAL

Yuridia Monjaraz era una de las cinco integrantes del equipo de parteras profesionales en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto pero por la pandemia renunció al centro para atender partos en casa.

El 20 de marzo de 2020, la dirección les instruyó: "A partir del lunes se cierra consultorio de partería. Solo se abren consultas de urgencia".

Todas las citas externas, incluidas las prenatales, se suspendieron por la emergencia. Los estudios, como los ultrasonidos, servicios de odontología, psicología, talleres de promoción de la salud y preparación para el parto que las parteras impartían en las comunidades, siguen sin reactivarse por falta de personal.

En 2019, en Quintana Roo se atendieron 71 mil 72 consultas prenatales. En abril y mayo de 2020, cuenta Monjaraz, las mujeres dejaron de asistir al hospital. Calcula que los partos atendidos por su equipo disminuyeron 50% cuando comenzó la pandemia.

El Lineamiento para la Prevención y Mitigación de COVID en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, publicado el 6 de abril de 2020, especifica que se deben garantizar los servicios a esta población, pero "solo quedaron en papel", dice Isabel Fulda, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización feminista de defensa de los derechos reproductivos.

En ningún estado, agrega, existen (o no se han hecho públicos) planes estatales para garantizar la atención de la salud reproductiva; las unidades de primer nivel están abandonadas, no hay medios de traslado para emergencias obstétricas, ni se realizan pruebas de detección de COVID-19 en mujeres embarazadas y recién nacidos.

La Secretaría de Salud de Quintana Roo no dio respuesta a las peticiones de entrevista sobre el aumento de la muerte materna y las fallas en los hospitales del estado.

Mitzi Reyes Martínez, enfermera perinatal que pertenece al equipo de parteras del hospital de Carrillo, recuerda una emergencia obstétrica parecida a la de Neydi Araceli Tzab.

Ingresaron a una señora de una comunidad que había convulsionado en varias ocasiones. Cuando llegó al hospital, el bebé ya había muerto. Ella tenía insuficiencia respiratoria.

'SÍ AGUANTA HASTA MAÑANA'

El 8 de diciembre de 2020, las personas que entraban al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto tenían que pasar por un túnel sanitizante improvisado, los aspersores tardaban en activarse y en el piso se había formado un charco de lodo.

Delfina Catzín Pat y su hermana menor se reían de los que entraban por el arco y se preguntaban si ellas también tenían que hacerlo. La menor estaba embarazada y había viajado para hacerse su primer ultrasonido desde San Francisco Aké, una localidad de 400 habitantes, a dos horas de camino.

El 5 de marzo, la embarazada y con dolores de parto era Delfina Catzín. Aún no se declaraba la pandemia, pero en el hospital ya había problemas. Un doctor la revisó y le dijo que se fuera a su casa porque hasta el día siguiente habría un ginecólogo capaz de practicarle la cesárea.

"Sí aguanta hasta mañana", le dijo. Al día siguiente, volvió al hospital temprano. Su bebé tenía el cordón enrollado en el cuello. La ingresaron para practicarle la cirugía, pero pasaron varias horas hasta su turno. Su tercer hijo, la primera niña, nació muerta.

Desde antes de la pandemia, en el hospital de Carrillo Puerto el ginecólogo realizaba cesáreas solo los fines de semana. En noviembre se incorporó uno nuevo, pero para enero la institución volvió a quedarse sin él, dice Mitzi Reyes, partera en este hospital.

Cualquier emergencia obstétrica, como el caso de Araceli Tzab, era referida a los hospitales en otras ciudades a través de un grupo de WhatsApp que integra una red de emergencias obstétricas. Aunque, explican las tres parteras consultadas, desde hace varios meses sólo Chetumal puede recibir casos porque los hospitales de Cancún y Playa del Carmen están saturados.

El área de Trabajo Social y los servicios de salud sexual reproductiva se están retomando ahora. Pero el hospital sigue teniendo déficit de personal: en julio pasado, 20 % del personal de base se había ausentado del trabajo por ser de riesgo, anunció en aquel entonces Míriam Ortiz, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud de Quintana Roo. Sin incluir a los contagiados que murieron al hacer su trabajo.

Delfina Catzín, de 30 años, ya no va a tener más hijos. Después de la muerte de su bebé le ofrecieron hacerse la cirugía anticonceptiva y aceptó: "Cuando la perdí no aguanté. Hasta pensé que me iba a morir. Me cansé mucho. No me atendían, les estaba rogando que me la quitaran de una vez, pero no hacen caso. Si tengo otra así, la voy a perder".