Reserva de la biósfera Piaxtla-Tayoltita

Ejidatarios de San Dimas se manifestaron en el Congreso del Estado denunciando que el Gobierno Federal pretende imponer la creación de la Reserva de la Biósfera Piaxtla- Tayoltita, lo cual les causará pérdidas millonarias al no poder aprovechar el bosque y afectar la actividad minera, según expresaron ante los medios de comunicación.

Los inconformes, en donde se encontraba Jorge Ramos Astorga, conocido líder en el sector forestal, mencionaron que las autoridades federales no les tomaron en cuenta para esta decisión y pidieron que los diputados locales intervengan antes de que entre en vigor el decreto, que al parecer está fechado para el próximo diciembre.

Ayer, en rueda de prensa, el gobernador Esteban Villegas consideró que los manifestantes estaban mal informados, pues el proyecto no contempla la veda forestal o la interrupción de la actividad minera. Indicó que en la zona se detectó la presencia de jaguar además de aves y flora que se creía extinta; por lo tanto, es un área de alto valor de conservación. El mandatario estatal reveló que funcionarios federales estaban en la entidad y sostendrían diversas reuniones para aclarar dudas, aunque, dijo, él respaldará la decisión que tomen los dueños del bosque.

En el presente sexenio, las autoridades federales se han distinguido por realizar proyectos de manera arbitraria, sin tomar en cuenta las diferentes voces u opiniones de la sociedad civil organizada pues solo importan los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este caso, existe un amplio documento sobre la intención de crear la reserva, el cual contiene datos interesantes para analizar.

El área natural protegida contempla una superficie total de 788,380 hectáreas, que abarca los municipios de San Ignacio, Sinaloa y San Dimas, Durango, en donde se encuentran nueve tipos de vegetación tales como los bosques de pino, bosque de encino, bosque mesófilo de montaña y selva baja caducifolia, entre otros. El Instituto Tecnológico de El Salto, la Universidad Valle del Guadiana, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la propia UNAM colaboraron con información para el proyecto.

En la propuesta de la Reserva de la Biósfera Piaxtla -Tayoltita se ubican un total de 286 localidades habitadas con un total de 18,666 moradores, siendo las más pobladas San Ignacio, Coyotitán y San Juan para el municipio de San Ignacio, Sinaloa; Neveros, Espadañal de San Jerónimo y Tambores de Abajo (Las Vegas) para el municipio de San Dimas, Durango.

Dentro del documento, en el apartado de "Problemática específica que debe tomarse en cuenta", se alerta sobre aspectos tales como la caza y extracción ilegal de fauna en la zona, la tala clandestina, ganadería extensiva, sobreexplotación de los recursos hídricos así como el impacto medioambiental de la industria minera y la vulnerabilidad de la región ante el cambio climático.

Sobre los daños causados por las minas señala: "debido a malas prácticas en la minería de yacimientos de vetas de plata y oro, se han afectado los recursos naturales, la flora y la fauna de la región en la sierra de Tayoltita".

Y agrega: "los habitantes del ejido Guarizamey, localidad ubicada en las inmediaciones del complejo minero de Tayoltita en el municipio San Dimas, en el estado de Durango, han manifestado públicamente mediante protestas que existe la contaminación de un manto acuífero y su uso industrial en la minería".

De acuerdo con el Cenapred, los municipios de San Ignacio y San Dimas tienen un grado alto y medio (respectivamente), de peligro por sequía.

Por supuesto que al ser declarada como una Reserva de la Biósfera habrá restricciones de aprovechamiento que alteren el ecosistema, sobre todo en la zona núcleo que propone una superficie de 43,948 hectáreas.

El 8 de noviembre de 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el estudio realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para justificar la expedición del decreto de la reserva, dejándola a consideración de los gobiernos involucrados así como de la sociedad en general por un periodo de 30 días naturales. Falta poco para conocer el desenlace de este dilema.

PUNTO Y APARTE.- Extasiadas de poder, algunas alcaldesas y también alcaldes, han cometido diversos atropellos al interior de sus municipios, lo que ha derivado en una crisis de gobernabilidad que ha retumbado en el Congreso del estado.

El asunto más sonado es la solicitud de desafuero de Diana Berenice González Torres, alcaldesa de Nazas, por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Cabe mencionar que la presidenta municipal además tuvo la osadía de destituir de manera unilateral a un regidor, asunto que ya corrigió el Tribunal Estatal Electoral.

En esta semana se supo que en Tlahualilo, asimismo gobernado por Morena, la alcaldesa Judith Rodríguez Olivares no le quiere compartir la información financiera a la síndica municipal y demás ediles.

El caos es tal en algunos Cabildos que el diputado local Ricardo López Pescador declaró que los alcaldes deben entender que los regidores no son sus empleados y que se pongan a trabajar. Ojalá atiendan su llamado a la brevedad posible y dejen de perder el tiempo porque a sus "reinados" solo le restan dos años y después volverán a ser ciudadanos comunes, pero con más enemistades así como denuncias por malos manejos administrativos.

Nos leemos en X: @citlazoe