Buscan tipificar la venta clandestina de agua en Durango
Los diputados locales analizarán una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para establecer sanciones con una pena de dos a seis años de prisión, y una multa de 50 a 200 UMAs, a quienes distribuyan o suministren agua potable sin la autorización correspondiente de las autoridades.
Durante su intervención en la tribuna, la diputada local Flora Leal Méndez destacó que la creciente escasez de agua y las sequías en varias zonas del país han propiciado el surgimiento de actividades ilegales, entre ellas el llamado “huachicoleo” de agua.
Ante esta situación, propuso la creación de un capítulo específico en el Código Penal del Estado que tipifique los delitos contra el servicio público de agua potable, con el fin de sancionar de manera contundente el robo clandestino del líquido.
“Una de las grandes problemáticas en nuestro estado es la falta de regulación penal en el tema del agua. Hemos detectado múltiples tomas clandestinas que operan ilegalmente desde hace tiempo”, señaló la diputada local.
Agregó que, debido precisamente a esa falta de normatividad clara, no ha sido posible sancionar efectivamente a quienes incurren en el robo de agua.
Finalmente, comentó que actualmente el Código Penal contempla sanciones para algunas situaciones relacionadas, pero no ha sido suficiente para combatir el robo de agua de manera efectiva; por lo que la reforma busca cerrar ese vacío legal y reforzar el combate contra las actividades ilegales que ponen en riesgo el acceso al agua para la población.
Cabe señalar que durante la última sesión celebrada en la Comisión de Administración y Cuidado del Agua del Congreso del Estado, tanto legisladores como especialistas coincidieron en la urgencia de tomar cartas respecto al uso y cuidado del agua, diseñando, vigilando e implementando políticas públicas que respondan a la realidad del agua que vive Durango.
Además de la presencia de agentes químicos de riesgo para la población en el agua destinada a consumo humano, se advirtió precisamente la necesidad de visibilizar y atender la venta clandestina del agua.