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JESÚS MENA VÁZQUEZ

Los resultados de la elección del pasado 2 de junio son concluyentes: una clara mayoría de electores apoya el proyecto del Presidente de la República, mismo que propone continuar la candidata ganadora de la contienda.

La hipótesis que se manejó en esta columna la semana pasada, respecto al nivel de votación y su posible impacto en una configuración sin mayorías calificadas en el Congreso de la Unión no se cumplió.

¿Qué sigue para quienes no compartimos el proyecto político que resultó ganador en las elecciones? En primer lugar respetar los resultados, no es posible generar narrativas de fraude generalizado durante el día de la elección y desconfianza a los procesos de conteo de votos establecidos por la autoridad electoral. Además, es necesario hacer notar que no es posible que los procesos electorales se lleven a cabo en las condiciones de inequidad que se llevó el que acaba de terminar.

La victoria con un margen tan amplio de ventaja debe de tener explicaciones en muchas dimensiones, ya que el proyecto político del régimen pudo combinar varias de estas dimensiones (implementar programas sociales con transferencia de recursos públicos a diversos sectores de la población, propaganda gubernamental, recorridos a nivel de territorio por parte de los "servidores de la nación", intervención del Presidente para influir en el proceso electoral a través de su conferencia matutina, etc.) con lo que pudo lograr un resultado aplastante, obteniendo no solamente la Presidencia de la República, sino una mayoría del Congreso de la Unión que está muy cerca de llegar a la mayoría calificada.

Se estima que, en el Senado de la República, para lograr la mayoría calificada el partido en el poder dependerá en su capacidad para negociar con tres o cuatro senadoras o senadores de partidos de oposición.

Los análisis del comportamiento del electorado continúan -y continuarán por semanas o meses-, para entender la lógica de la mayoría de los electores al otorgar casi un poder absoluto al régimen, sin embargo, es necesario reconocer de manera inequívoca que los resultados de la elección no se deben a un comportamiento ilegal generalizado durante el transcurso de la jornada electoral, ni tampoco por acciones por parte de la estructura operativa del INE para favorecer de manera abierta al régimen.

Aunque no se pueden hacer acusaciones de fraude generalizado durante la jornada electoral, creo que será una tarea pendiente para equipos multidisciplinarios de investigadores realizar estudios que puedan ofrecer luz sobre la forma en que se fueron configurando a lo largo del tiempo una serie de conductas por parte de distintos actores políticos y de las instituciones electorales que tuvieron como resultado visible la creación de un escenario de inequidad en la contienda electoral.

El gran reto para la reforma en materia electoral y de garantías a las libertades políticas que impulse el nuevo gobierno que comienza el primero de octubre será generar condiciones para que sea claro para ciudadanos y actores políticos que existe equidad en las contiendas electorales, tanto en los procesos de definición interna de los partidos políticos como en los procesos constitucionales para elegir autoridades en los tres niveles de gobierno.

La concentración de poder, que muchos tememos pueda convertirse en el punto de partida para la instauración de un régimen autoritario que restringa libertades, pondrá a prueba el talante democrático de la próxima Presidenta de la República casi inmediatamente después de que tome protesta.

Será necesario conocer el estado de avance de la reforma judicial que se espera sea votada en septiembre próximo, además de la aprobación del presupuesto de egresos por parte de la Cámara de Diputados, entre otras cuestiones. No tardaremos mucho en darnos cuenta si existe algún grado de auto contención por parte de la, para entonces, Presidenta de la República y su equipo cercano.

X: @jesusmena

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