¿Cuánto nos costará la elección del Poder Judicial en Durango?
Si a nivel nacional las reglas para la elección de jueces y magistrados el próximo año son confusas, a nivel local la situación es igual o peor.
El pasado 22 de noviembre, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) dio formal inicio al proceso ordinario de la elección del Poder Judicial, en donde quedó claro el enorme desafío que tienen por delante, pues en el caso de Durango también se llevará a cabo la renovación de las 39 presidencias municipales.
Hasta el momento se desconoce cuánto dinero se requerirá para la elección del Poder Judicial; nadie lo tiene claro. El IEPC proyectó 415 millones de pesos (mdp) en su presupuesto 2025, pero eso solo incluye el proceso electoral local, así que habrá de solicitar dinero adicional. Según los plazos fijados, a más tardar el 15 de diciembre debe presentar ante el Congreso del Estado un presupuesto para la inédita elección. Los diputados locales tendrán la última palabra en cuanto a la repartición de los egresos.
El único que ha dado una cifra es el Poder Judicial del Estado, pero es referente al dinero necesario para la liquidación de jueces y magistrados que saldrán de sus cargos con la reforma. El cálculo es que se requerirán unos 200 mdp, aunque una parte sería utilizada en el 2025 y el resto en el 2027.
Según se dijo en la sesión del IEPC, uno de los grandes retos que enfrentarán es el didáctico, pues la ciudadanía deberá tener por lo menos una noción básica de la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, que es más complejo en los hechos que en el discurso.
A nivel federal, la ciudadanía votará para elegir a los ministros de la Suprema Corte, las cinco magistraturas del Nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, la magistratura del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes y la suma de jueces y juezas que determine el Consejo de la Judicatura. A esto se le sumarán los cargos locales.
En la entidad, a más tardar el 2 de diciembre, el Consejo de la Judicatura debe entregar al Congreso del Estado un listado con el total de cargos que se elegirán. Dentro de los siguientes siete días, el Poder Legislativo emitirá la convocatoria para integrar las listas de candidaturas y el 15 de febrero del 2025, deben estar definidos los contendientes; posteriormente iniciarán las campañas que tendrán una duración de 30 días y las elecciones serán el primero de junio. En la boleta, cuyo diseño tampoco se ha definido, aparecerán algo así como 366 candidatos. ¡Vaya locura!
Hasta el momento, hay muchos cabos sueltos e incertidumbre sobre la elección judicial y todo indica que tanto el IEPC como el Instituto Nacional Electoral (INE) resolverán los problemas sobre la marcha.
La mayoría de las personas votarán a ciegas, pues difícilmente habrá tiempo de conocer a las personas candidatas a jueces y, sin duda, habrá manipulación desde los partidos políticos que impulsarán a sus afines.
Será un proceso hecho al vapor producto de un berrinche, una ocurrencia que le costará muy caro al país, no solo en el tema económico.
PUNTO Y APARTE.- La Subsecretaría de Movilidad y Transportes dio a conocer que ha cancelado cinco licencias de choferes del servicio público debido a que resultaron positivos en el antidoping.
En total, en el presente año, 11 choferes dieron positivo en esta prueba, pero se sigue un proceso administrativo en cada uno de los casos, según explicó Rafael Valentín Aragón, titular de la dependencia.
Es un asunto muy delicado que conductores del transporte público consuman algún tipo de droga, pues cada día tienen en sus manos la vida de miles de personas, por lo que es indispensable mantener una estrecha vigilancia en este tema, así como otros aspectos de su salud mental tales como la ansiedad, la depresión y el estrés.
Asimismo, la Subsecretaría informa que han retirado al menos 200 unidades de taxis por diversas irregularidades, entre portación de cromática no autorizada, mal estado físico y mecánico de la unidad, falta de portación de placas de circulación, o circulación con placas obsoletas, entre otros. Los propietarios tienen lo que resta del año para arreglar su situación. Es indispensable que los usuarios del transporte público reporten cualquier anomalía para garantizar la seguridad colectiva.
Nos leemos en X: @citlazoe